UNAM advierte riesgos de trata y explotación infantil en centros de asistencia social

Ciudad de México, Avanzada (31/07/2026).- Los casos documentados en México durante las últimas décadas, como los de Casitas del Sur, La Gran Familia y la Ciudad de los Niños, evidenciaron que algunos centros de asistencia social, creados para proteger a niñas, niños y adolescentes, terminaron convirtiéndose en escenarios de abuso, explotación y presuntos delitos relacionados con la trata de personas.

Así lo expone la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, quien señala que la trata de personas no se limita a la explotación sexual, sino que también incluye modalidades como la explotación laboral, la mendicidad forzada, las adopciones ilegales, el matrimonio forzado, los trabajos obligatorios y la esclavitud.

De acuerdo con la especialista, la trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos y, conforme al Protocolo de Palermo, implica la captación, traslado, transporte o acogida de personas mediante engaño, violencia o coacción con fines de explotación.

Ruiz Serrano desarrolla el proyecto Problemáticas de la niñez en el México contemporáneo, mediante el cual analiza la situación de niñas y niños que viven en los Centros de Asistencia Social (CAS), anteriormente conocidos como casas hogar. La investigación se centra en identificar prácticas como la adopción ilegal, la mendicidad forzada y la explotación sexual y laboral dentro de estos espacios.

La académica explica que muchos de los menores que ingresan a estos centros ya enfrentaban condiciones de violencia dentro de sus propios hogares. Factores como la pobreza, el abuso físico, psicológico o sexual, el abandono, la orfandad y el rechazo familiar son algunas de las principales causas por las que son separados de sus familias e incorporados al sistema de cuidado alternativo.

Con base en datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2019 alrededor de 30 mil niñas y niños vivían en centros de asistencia social en México. Del total de estos establecimientos, el 85 por ciento era administrado por organizaciones privadas o de la sociedad civil —muchas de ellas con financiamiento público—, mientras que el 15 por ciento dependía directamente de instancias gubernamentales.

La investigadora advierte que aún no existe un registro confiable sobre la cantidad de menores que permanecen en los centros públicos, además de que la supervisión resulta insuficiente, lo que favorece situaciones de negligencia y abuso.

Como parte de su investigación, Ruiz Serrano ha realizado un mapeo de estos espacios y recopilado diversos registros que muestran condiciones de alta vulnerabilidad, entre ellas explotación laboral y sexual, mendicidad forzada, adopciones ilegales y una constante invisibilización de las víctimas.

La especialista sostiene que este fenómeno también debe analizarse desde una perspectiva social y antropológica, ya que refleja un proceso de mercantilización de las personas, en el que niñas y niños son tratados como objetos susceptibles de intercambio o beneficio económico.

Asimismo, considera que persiste la percepción errónea de que todos los menores albergados en estos centros son huérfanos y reciben atención adecuada, cuando en muchos casos conservan vínculos familiares, aunque no pueden ser reintegrados debido a distintos factores sociales, económicos o de violencia.

Finalmente, Ruiz Serrano subraya que la exposición prolongada al maltrato durante la infancia tiene efectos profundos en el desarrollo emocional y neurológico de las víctimas, por lo que enfatiza la necesidad de fortalecer la protección, supervisión y restitución de derechos de niñas y niños, además de impulsar acciones preventivas desde los entornos familiares y comunitarios.