TEPJF avala renovación del Instituto de Formación Política de Morena

Ciudad de México, Avanzada (16/01/2026).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la militancia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene derecho a impugnar la omisión de convocar a la renovación de la presidencia del Instituto Nacional de Formación Política (INFP), actualmente encabezado por Rafael Barajas Durán, conocido como “El Fisgón”.

Al analizar diversas impugnaciones, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral determinó que los militantes sí cuentan con legitimación e interés jurídico para reclamar el incumplimiento de los estatutos partidistas, particularmente cuando se trata de la falta de emisión de una convocatoria para renovar órganos internos, como es el caso del instituto encargado de la formación política e ideológica del partido.

La Sala Superior consideró incorrecto el criterio adoptado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, que había desechado las quejas bajo el argumento de que los promoventes no acreditaban una afectación directa. Los magistrados señalaron que la omisión de convocar a la renovación del cargo es un acto de naturaleza continuada, por lo que puede ser impugnado mientras subsista, y que dicha omisión impacta en los derechos de la militancia a la vida democrática interna del partido.

En consecuencia, el TEPJF revocó las resoluciones emitidas por la CNHJ y le ordenó emitir un nuevo pronunciamiento de fondo, en el que deberá analizar los reclamos presentados tomando en cuenta los estatutos y lineamientos internos de Morena, así como los principios de legalidad, certeza y acceso efectivo a la justicia intrapartidaria.

El conflicto se originó tras los reclamos de militantes que denunciaron la falta de convocatoria para la renovación de la presidencia del Instituto Nacional de Formación Política, situación que generó inconformidad al interior del partido. Con esta resolución, el tribunal electoral establece un precedente relevante al reconocer el derecho de la militancia a exigir el cumplimiento de las normas internas y a participar en la vigilancia de la vida democrática de los partidos políticos.