Obligan a banqueros a simplificar trámites para adultos mayores en Colima

Colima, México, Avanzada (06/12/2025).- Desde el pasado 16 de noviembre, todas las instituciones públicas y privadas, incluidos los bancos, están obligadas a simplificar trámites y aceptar la representación legal cuando una persona adulta mayor lo requiera. Esto, luego de que entrara en vigor la reforma al artículo 35 Bis de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores, aprobada por el Congreso del Estado.

La modificación surge tras múltiples denuncias por prácticas abusivas en instituciones bancarias, donde adultos mayores eran obligados a presentarse físicamente para realizar trámites relacionados con cuentas, ahorros o pensiones. Según la exposición de motivos de la reforma, estas instituciones incluso llegaban a intimidar a familiares al advertir que, si el titular no acudía personalmente, podría perder su pensión o quedar impedido de abrir cuentas o efectuar movimientos. El Congreso calificó estas prácticas como actos que generan violencia física y psicológica.

Los legisladores argumentaron que estas situaciones ponen en riesgo a personas en condiciones de vulnerabilidad y contravienen los principios constitucionales de no discriminación por edad. Señalaron que forzar la presencia de adultos mayores en trámites que pueden gestionarse mediante representación legal o medios tecnológicos es una práctica injusta que coloca a este sector en riesgo físico y emocional.

Con la reforma del artículo 35 Bis, ahora las instituciones deben ofrecer facilidades administrativas, tecnológicas y de acceso para que las personas adultas mayores puedan realizar trámites sin obstáculos. Esto incluye la simplificación de procesos, atención preferente y la obligación de aceptar mecanismos de representación legal, siempre con el objetivo de proteger su integridad y evitar cualquier acción que limite o violente sus derechos.

El Congreso subrayó que esta reforma busca garantizar un trato digno y accesible para los adultos mayores, quienes históricamente han enfrentado burocracia excesiva y falta de sensibilidad institucional. Además, insistió en que la sociedad y las instituciones tienen el deber legal y moral de asegurarles condiciones adecuadas para su vida diaria.

Con el decreto ya en vigor, tanto oficinas públicas como bancos deberán ajustar sus procesos internos. En caso de incumplimiento, las instituciones podrían enfrentar procedimientos administrativos y sanciones conforme a la legislación estatal.