A iniciativa de la Gobernadora pondrán la transparencia bajo su control

Colima, México, Avanzada (03/11/2025).- La gobernadora Indira Vizcaíno Silva envió al Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, de ser aprobada, colocaría a la Contraloría General del Estado como la instancia encargada de garantizar el derecho ciudadano a la información en Colima.

El proyecto, actualmente en análisis dentro de las comisiones legislativas, propone un nuevo marco jurídico para sustituir al órgano autónomo que antes ejercía esa función. Sin embargo,  desde que se votó por desaparecer al Instituto de Transparencia,  diversos políticos de oposición, periodísticas y empresarios advirtieron que la medida representa un retroceso, pues la Contraloría depende directamente del Ejecutivo estatal, lo que la convierte en juez y parte dentro del proceso de rendición de cuentas.

La propuesta otorga a la Contraloría la responsabilidad de recibir, atender y resolver solicitudes de información, imponer sanciones a los servidores públicos que incumplan y supervisar la publicación de datos obligatorios. En teoría, el modelo busca “agilizar procedimientos y reducir duplicidades”, pero en la práctica concentra el control de la transparencia en una dependencia cuyo titular es designado por la propia gobernadora.

La iniciativa de ley detalla las responsabilidades de los sujetos obligados, entre ellos los tres poderes del Estado y los municipios; las obligaciones prácticamente son las mismas que se tenían con la operación del Instituto y que muchas veces, los entes obligados no cumplían  o parcialmente cumplía.

Con la propuesta enviada por la gobernadora, el poder Ejecutivo deberá publicar su marco normativo, estructura orgánica, directorio de funcionarios, sueldos, contratos, presupuestos, fideicomisos, gastos de comunicación social y el Plan Estatal de Desarrollo, además de los informes sobre obras públicas y viajes oficiales.

Mientras que, el Poder Legislativo está obligado a transparentar la nómina completa, las actas de sesiones, las votaciones, los dictámenes, las iniciativas presentadas, los contratos, los gastos de representación y las agendas legislativas.

En cuanto al Poder Judicial  deberá difundir las sentencias emitidas, los criterios jurisprudenciales, los concursos para designar jueces, las sanciones impuestas, el número de procesos en trámite y el uso del presupuesto.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado tendrá que publicar su estructura, los indicadores de desempeño, las estadísticas de carpetas de investigación, los convenios de colaboración, la aplicación de recursos y los resultados de sus auditorías internas.

La propuesta también impone obligaciones a los municipios y a organismos públicos que manejen recursos estatales.

Los artículos 168 al 175 contemplan sanciones que van desde apercibimientos hasta multas de entre 150 y 1 500 veces el valor diario de la UMA para los funcionarios que incumplan con la ley, entreguen información incompleta o nieguen datos públicos. En los casos más graves, la Contraloría podrá remitir los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción.

Desde el Congreso, diputados de oposición han señalado que la reforma representa una concentración de poder sin precedentes en materia de transparencia.   Con la iniciativa, la Contraloría se convertirá en el árbitro absoluto del derecho a la información.