Se acumula el malestar social: salud, campo, educación, puerto de Manzanillo y seguridad

Colima México, Avanzada (29/10/2025).- En Colima, las inconformidades sociales comienzan a multiplicarse como señales de un descontento que crece. Desde pacientes con cáncer que acusan abandono institucional, hasta campesinos, maestros y ambientalistas que reclaman respuestas, el malestar se extiende en una entidad que, además, no logra contener la violencia que ha deteriorado la vida cotidiana.

El pasado 19 de octubre, Sarahí, paciente oncológica, denunció públicamente que desde hace cuatro años el Instituto Estatal de Cancerología “ya no salva vidas”. Señaló la falta de medicamentos, la tardanza en los estudios y el abandono que padecen los enfermos. “Trabajan con carencias (…) sólo nos dan promesas, no soluciones”, dijo. Su testimonio puso en evidencia un sistema de salud debilitado, donde la atención se mide por la resistencia del paciente y no por la eficiencia del Estado.

En el puerto de Manzanillo, ciudadanos, ambientalistas, salineros y apicultores han levantado la voz contra la ampliación portuaria, un proyecto que amenaza con destruir 222 hectáreas de mangle, según reconoció la propia titular de Semarnat, Alicia Bárcena. Los inconformes acusan que la consulta ciudadana fue una simulación y advierten consecuencias ambientales y económicas irreversibles. “Hicieron una farsa para justificar una obra que sólo beneficia a unos cuantos”, reprocharon los activistas.

Mientras tanto, los campesinos desde este lunes 27 mantienen bloqueada la carretera Colima–Guadalajara en protesta por el precio que se pretende pagar por la tonelada de maíz. Denuncian que el Gobierno estatal y federal no han atendido su demanda de precios justos. “No queremos limosnas, queremos sobrevivir del trabajo de la tierra”, expresaron productores de maíz de la región de Colima y el sur de Jalisco.

En el sector educativo, el descontento crece entre maestros que acusan trabas en los procesos de cambios y asignación de horas, además de presuntos actos de corrupción dentro de la Secretaría de Educación. A ello se suma la inseguridad en la que trabajan docentes que viajan todos los días por la carretera Colima–Manzanillo, escenario constante de asaltos y hechos violentos. “Nadie garantiza nuestra seguridad. Salimos con miedo y regresamos con miedo”, afirmó un docente del puerto.

La violencia, de hecho, atraviesa todos los ámbitos. Colima continúa siendo el estado más violento del país, con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Los ataques armados, los incendios de vehículos y negocios, y las desapariciones se han vuelto parte del panorama cotidiano. En muchas colonias, los habitantes evitan salir de noche o simplemente caminar solos. “Vivir en Colima se ha vuelto un acto de valentía”, dijo recientemente la diputada Betzaida Pinzón.

A pesar de ello, el Congreso estatal permanece en silencio. No hay pronunciamientos ni debates de fondo sobre la crisis que enfrenta la entidad. La agenda pública se llena de discursos, pero las soluciones se posponen.