Gobierno destina solo 1.1 MDP al Centro de Justicia para las Mujeres en Manzanillo

Colima, México, Avanzada (23/10/2025).- Aunque el Gobierno federal aprobó una inversión de 1.1 millones de pesos para operar el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en el municipio de Manzanillo, especialistas y activistas advierten que el monto resulta insuficiente frente a la magnitud del problema de violencia de género en el puerto y al rezago histórico en atención institucional.

El convenio, publicado el pasado 11 de octubre en el Periódico Oficial del Estado de Colima, establece que los recursos serán transferidos en una sola ministración a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, con la obligación de destinarlos exclusivamente a la operación del centro, ubicado en Avenida Paseo de las Garzas 251, en la zona de Salagua.

El documento fue suscrito por la subsecretaria federal del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Aurora Gómez Saracíbar; la gobernadora Indira Vizcaíno Silva; el fiscal estatal Bryant Alejandro García Ramírez, y otros funcionarios del gabinete. En él se precisa que la Fiscalía General del Estado será responsable de garantizar el cumplimiento de metas y objetivos antes del 31 de diciembre de 2025, así como de rendir informes trimestrales sobre los avances del proyecto.

De acuerdo con la justificación técnica, el CJM ofrecerá servicios de atención jurídica, psicológica y social a mujeres víctimas de violencia, además de espacios de resguardo temporal, ludoteca y acompañamiento especializado. También se contempla la adquisición de un vehículo para traslados de emergencia y diligencias judiciales.

Sin embargo, el presupuesto autorizado luce limitado para garantizar un funcionamiento integral y sostenido. 1.1 millones de pesos apenas alcanzan para cubrir gastos operativos básicos, lo que pone en duda la capacidad del Estado para mantener personal especializado, atención permanente y servicios multidisciplinarios de calidad.

Activistas y colectivos feministas han señalado que, pese a la creación de estos centros en distintas entidades, los resultados en materia de acceso a la justicia siguen siendo mínimos, debido a la falta de seguimiento, capacitación, presupuesto y voluntad institucional. “Los centros funcionan bien en el papel, pero en la práctica no logran romper con las barreras estructurales que enfrentan las mujeres cuando denuncian”, señalan organizaciones locales.

El caso de Manzanillo no es menor. El puerto concentra algunos de los índices más altos de violencia familiar y de género en la entidad, además de registrar un incremento sostenido en agresiones contra mujeres y niñas. Mientras tanto, la falta de servicios especializados ha obligado a muchas víctimas a trasladarse a la capital, con altos costos económicos y emocionales.