Malas Compañías
Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.
En el estado de Colima existen mil 502 las personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, así lo consigna la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), una instancia federal dependiente de la Secretaría de Gobernación. Se trata de una cifra oficial, indubitable y ajena a cualquier manipulación.
La propia CNB, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (público para su consulta), contabilizaba en noviembre de 2024, es decir hace 20 meses exactos, un total de mil 315 víctimas del delito de desaparición de personas.
Las cifras anteriores indican que en poco más de un año y medio, los casos de desaparición en el estado de Colima se incrementaron en 187 personas, lo que representa un aumento de 14.2 por ciento en el periodo que va del noviembre de 2024 a julio del 2026.
No obstante la contundencia de las estadísticas, difundidas por la propia Secretaría de Gobernación, el pasado martes, en un programa radiofónico, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva afirmó que durante su gobierno las desapariciones han disminuido “de forma dramática”.
Tal declaración resulta preocupante y seguramente dolorosa para los familiares de las víctimas de desaparición, toda vez que muestra la postura del gobierno estatal respecto a este delito y su intención, como sucede con muchos otros asuntos, de minimizar la gravedad de la circunstancia actual.
Al afirmar que la desaparición de personas ha disminuido, no obstante la contundencia de las cifras oficiales, la gobernadora muestra insensibilidad y más grave aún, una escasa voluntad para atender el problema de manera real, con acciones, recursos y procedimientos que otorguen certidumbre a las miles de familias que viven la tragedia de la desaparición de un ser querido.
La negación de la realidad como política de estado ha permeado el ejercicio de la gobernanza durante el actual régimen. Se ha vuelto una costumbre evadir la problemática, negar lo evidente y construir escenarios utópicos que desplazan, al menos en las oficinas gubernamentales, la contundente verdad.
Pero en el tema de los desaparecidos resulta especialmente desesperanzador que la gobernadora pretenda construir una posverdad, cuando hay padres y madres que confían en el trabajo que pueda realizar para localizar a sus hijos y dar fin a la tragedia que a veces se prolonga durante años.
Si la mandataria manipula la realidad y afirma que existe una reducción “dramática” de las desapariciones, entonces la funcionaria también asume en esa realidad alterna donde se encuentra, que no es necesario hacer más y que no hacen falta acciones extraordinarias para localizar a mil 500 personas, porque las cosas se están haciendo bien.
Así, la simple negación de los hechos por parte de la autoridad cancela la posibilidad de resolver la problemática. La gobernadora se quedará con su versión de que, sin hacer absolutamente nada extraordinario, la desaparición de personas en el estado de Colima disminuyó notoriamente en su administración, seguramente con la simple llegada de la “transformación”.
Lo que sí sucedió en el actual sexenio es la eliminación, por decreto, de una enorme cantidad de registros de desaparición. En 2023 se suprimieron casi 200 registros de personas desaparecidas en el estado de Colima, al pasar de mil 492 víctimas en diciembre de 2022 a mil 300 en el mismo mes del año siguiente.
En aquel entonces, los colectivos de madres buscadoras denunciaron que a nivel nacional se eliminaron de un plumazo casi 11 mil registros, una tendencia que también se observó en Colima. Quizá esta reducción es a la que se refirió esta semana la gobernadora Indira Vizcaíno.
En cualquier caso, la manipulación de la realidad desde el Poder Ejecutivo impide construir los caminos necesarios hacia la verdad, por el contrario, la negación de lo evidente en temas tan sensibles como la desaparición de personas, aleja cada vez más la posibilidad de que los familiares se reencuentren con sus seres queridos.
NOTAS SUELTAS. Mucha negligencia y estulticia se necesita para que desde el Instituto de Planeación del Municipio de Colima (IPCO) se critique al gobierno estatal por el color que utiliza al rehabilitar los puentes del Tercer Anillo, toda vez que durante años, incluidos los que lleva Riult Rivera como alcalde, el ayuntamiento capitalino y del cual depende el IPCO, abandonó dicha infraestructura. Antes que criticar colores y hacerse publicidad en redes, el director de esa última dependencia debería aportar su esfuerzo para que las autoridades municipales cumplan con su trabajo, por ejemplo rehabilitar los puentes, y ya de pasada darle mantenimiento a los camellones que también están en una situación deplorable. Menos grilla y más responsabilidad es lo que les hace falta a estos funcionarios.