Fiscalía deja prescribir 418 casos de corrupción

Amplía Congreso de Colima a diez años plazo mínimo para perseguir delitos; reforma no permitirá recuperar expedientes perdidos

Colima, México, Avanzada (23/09/2026).— La Fiscalía Anticorrupción de Colima dejó prescribir 418 carpetas de investigación entre 2019 y 2025 y, ante esta situación, el Congreso del Estado amplió a un mínimo de diez años el plazo para perseguir penalmente el peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y otros delitos cometidos por servidores públicos o particulares.

Los expedientes prescritos representan el 22.8 por ciento de los asuntos registrados durante esos siete años, de acuerdo con la información entregada por la fiscal especializada, Esperanza Ramírez Vela, e incorporada al dictamen 94, aprobado el lunes 21 de septiembre por los diputados locales.

La reforma, sin embargo, no permitirá reabrir las 418 investigaciones ni sancionar los hechos que quedaron impunes, pues uno de sus artículos transitorios establece que las nuevas disposiciones sólo serán aplicables a los delitos cometidos después de su entrada en vigor.

Actualmente, los delitos relacionados con corrupción prescriben en periodos que van de tres años a once años y seis meses, dependiendo de las penas establecidas en el Código Penal. Con la modificación al artículo 104, ninguno de los delitos incluidos en ese apartado podrá prescribir antes de diez años.

El Congreso también modificó el artículo 108 para permitir que las actuaciones realizadas durante una investigación interrumpan la prescripción. La excepción que impedía interrumpir el plazo después de transcurrida la mitad del término dejará de aplicarse en los casos relacionados con hechos de corrupción.

La iniciativa original fue presentada por el fiscal general del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, quien propuso que el plazo comenzara a correr hasta que una autoridad tuviera conocimiento formal del delito mediante una denuncia, auditoría, procedimiento de entrega-recepción o informe de un órgano fiscalizador.

Sin embargo, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales rechazó esa fórmula al advertir que podría prolongar excesivamente la facultad del Estado para perseguir penalmente a una persona y vulnerar el principio de seguridad jurídica. Incluso reconoció que la disposición podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad.

Los legisladores optaron entonces por fijar un plazo mínimo de diez años, tomando como referencia la legislación de Sonora. La nueva regla abarcará peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, tráfico de influencias, concusión, ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones, entre otras conductas.

La reforma se produce después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el peculado no puede considerarse imprescriptible. El máximo tribunal sostuvo que la persecución penal indefinida resulta desproporcionada y contraria a la seguridad jurídica, aunque reconoció la obligación del Estado de investigar el manejo ilegal de los recursos públicos.

Aunque el dictamen justifica la ampliación del plazo de prescripción, no explica las causas administrativas por las que prescribieron las 418 carpetas, cuántas involucraban recursos públicos, qué funcionarios fueron investigados ni si se determinaron responsabilidades de agentes ministeriales por haber dejado vencer los expedientes.

*En la fotografía, Bryant Alejandro García Ramírez, fiscal general del Estado de Colima.