Colima, México, Avanzada (21/09/2026).— La reforma judicial cambió la forma de elegir a jueces y magistrados, creó el Tribunal de Disciplina Judicial y llevó a las urnas la integración de los principales órganos jurisdiccionales de Colima. Sin embargo, no redujo las elevadas percepciones de la cúpula judicial ni logró que la ciudadanía conozca cuánto recibe neto cada uno de sus integrantes.
El Tabulador de Sueldos y Prestaciones del Poder Judicial del Estado, vigente desde el 1 de enero de 2026, establece para Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Tribunal Superior de Justicia, una percepción bruta mensual de 104 mil 845 pesos con 74 centavos. El monto incluye sueldo, sobresueldo, previsión social múltiple, compensación burocrática, despensa, ayuda para renta, productividad y gasolina.
Las otras nueve magistraturas del Tribunal Superior tienen asignados 88 mil 493 pesos con 2 centavos brutos mensuales. Se trata de Dulce Alejandra Alcántar Álvarez, Benita Marisela Ramírez Fernández, Ruth Bravo Ortiz, Aida Pamela Caldera Caldera, Lilia Hernández Flores, Conrado Sandoval Chacón, José Miguel Alcaraz Fonseca, Abelardo García Luna y Roberto Rubio Torres.
En el Tribunal de Disciplina Judicial, su presidente, Arturo Javier Pérez Moreno, tiene autorizada una percepción bruta mensual de 87 mil 356 pesos con 49 centavos. Por su parte, Alma Verónica Arellano Salazar, María del Carmen Virgen Quiles, Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez y Juana Ruby Velázquez Loera cuentan, cada uno, con una percepción de 77 mil 142 pesos con 61 centavos.
Los ingresos de la cúpula judicial contrastan con los de la mayoría de los trabajadores y son similares a las percepciones que recibían los magistrados antes de que entrara en vigor la reforma. Si se toma como referencia un salario mínimo general mensual de 9 mil 582 pesos, una magistratura del Tribunal de Disciplina distinta de la presidencia recibe aproximadamente ocho veces esa cantidad; una del Tribunal Superior supera nueve veces ese monto, mientras que su presidente se aproxima a once.
La reforma tampoco impidió el tránsito de funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo hacia los nuevos órganos judiciales. Las trayectorias entregadas por los propios candidatos al Instituto Electoral del Estado muestran que cuatro de los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina desempeñaron cargos en el gobierno estatal, el Congreso o la Fiscalía antes de convertirse en magistrados.
Arturo Javier Pérez Moreno fue secretario ejecutivo de la Comisión de Coordinación Jurídica del Gobierno estatal y director general de Gobierno. Alma Verónica Arellano Salazar trabajó desde 2020 en la Contraloría General y era titular de la Unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
María del Carmen Virgen Quiles llegó desde la Secretaría General del Congreso, puesto que dejó el 1 de octubre de 2025, cuando comenzó la nueva integración judicial. Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez reportó antecedentes como director jurídico de Legislación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, coordinador técnico de la Fiscalía y director de Proceso Legislativo del Congreso. Por su parte, Juana Ruby Velázquez Loera acreditó alrededor de 14 años de trayectoria dentro del Poder Judicial.
En Colima, el nuevo esquema de elección judicial convive con las remuneraciones descritas en el tabulador y con una integración del Tribunal de Disciplina en la que cuatro de sus cinco integrantes tienen antecedentes laborales en otras instituciones públicas.