El Cereso de Colima, en medio de la disputa de cárteles

EDITORIAL.

Los múltiples actos de violencia que se han producido en los últimos tiempos en torno al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima sólo pueden tener una explicación: los cárteles del narcotráfico se encuentran en plena disputa por el control de la gobernabilidad del reclusorio.

Los asesinatos y atentados contra directivos, custodios y reos, así como los constantes enfrentamientos con armas blancas y piedras entre grupos antagónicos de internos, constituyen signos inequívocos de esa crisis de gobernabilidad existente en el Cereso, donde a todas luces el poder real no se encuentra en manos de las autoridades penitenciarias.

Un recuento somero de acontecimientos en un periodo menor a dos años da una idea de la gravedad de la situación:

La noche del 20 de marzo de 2018 fue asesinado a balazos Javier Álvarez León, subdirector jurídico del Cereso, después de llegar a su domicilio, en la calle Veracruz, de la colonia Jardines del Sur de esta ciudad.

Posteriormente, el 23 de mayo de 2019 se produjo el choque de miembros de dos grupos delincuenciales dejó un saldo de tres presos heridos. El 27 de septiembre siguiente se registró otro brote violento que dejó ocho reos heridos, uno de ellos de gravedad, la mayoría por impactos de piedras.

Poco más de un mes después, el 29 de octubre, fueron encontrados en el interior del Cereso los cuerpos semienterrados de dos reos que enfrentaban cargos por delitos contra la salud. A principios de diciembre, en hechos distintos ocurridos a lo largo de tres días, custodios y trabajadores administrativos del Cereso fueron atacados a balazos en sus domicilios, de los que algunos resultaron heridos y uno de ellos murió.

Al menos en el caso de los enfrentamientos al interior del Cereso, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) han reconocido que se ha tratado de conflictos entre miembros de bandas delictivas contrarias.

Aunque las autoridades no les han puesto nombre a los adversarios que disputan dentro del Cereso, es una realidad aceptada por el propio gobierno que los principales grupos delictivos enfrentados en Colima son los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

Si bien resulta preocupante que el sistema penitenciario en México —incluido el estado de Colima— no garantice una verdadera readaptación social de las personas procesadas y sentenciadas por haber cometido un delito, más preocupante aún es que grupos delictivos ejerzan el autogobierno al interior de los centros de reclusión, pues ello implica por una parte la usurpación de funciones que le corresponden al Estado y, por la otra, el abuso y las arbitrariedades de unos presos sobre otros.

No obstante, lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios no es una situación aislada, sino que es sólo un reflejo de lo que pasa afuera, donde el Estado mexicano también ha perdido ante el crimen organizado la gobernabilidad de amplias zonas y regiones del país.

Por lo tanto, la solución en uno y otro escenario necesariamente tiene que pasar por una estrategia basada en un enfoque integral, que trasciende el aspecto represivo policial y se encuentra dentro de la atención decidida de problemáticas de fondo de la sociedad.