La elección que a nadie interesa

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

Malas Compañías

A falta de un mes para la elección del Poder Judicial, los colimenses saben poco o nada de dicho proceso; desconocen el perfil de los candidatos, los cargos que estarán en disputa y la dinámica de votación que implicará el registro de decenas de números en la papeleta electoral. Tal desinterés, paradójicamente, es lo que busca el régimen morenista.

En la entidad, los potenciales votantes ignoran por completo que una buena parte de los candidatos a magistraturas y judicaturas son empleados actuales del gobierno estatal o cercanos al grupo en el poder; además de que estarán en la boleta porque así lo decidió un grupo de notables, también afines al oficialismo.

Si a nivel nacional los comicios judiciales avanzan a trompicones y evidenciando groseros errores de origen, en Colima tal elección se desarrolla en el secretismo y la opacidad, como si a la casta gobernante no le pareciera mal en absoluto el desconocimiento en torno al proceso.

Resulta evidente que el actual sistema Morena-Gobierno concibe la elección judicial únicamente como un trámite para llevar incondicionales al Tribunal de Justicia y los Juzgados de Primera Instancia; saben que el control sobre la nómina y los programas sociales les permitirá arrimar a las urnas votos suficientes para colocar a esos personajes en los cargos jurisdiccionales.

Por eso no importa si el 1 de junio se registra un abstencionismo histórico, como seguramente sucederá; lo que menos interesa es la asistencia de ciudadanos a las urnas, solamente necesitan a los beneficiarios del asistencialismo y trabajadores de confianza para ganar una elección desolada, aplicando el adagio de que en tierra de ciegos el tuerto es rey.

Desde ahora, en las oficinas gubernamentales comienzan a repartirse listas de candidatos que deben ser palomeados en la jornada del primer domingo de junio; se trata de perfiles que no solamente se identifican con el oficialismo, sino que de plano trabajan para él y le deben su nominación, por lo que ya en el cargo, se convertirán en sus incondicionales.

En dicha condición se encuentran Francisco Barajas Palacios, asesor de la Consejería Jurídica del gobierno estatal; Gerardo David Amezcua Álvarez, trabajador de esa misma dependencia; Georgina Silva Martínez coordinadora jurídica del SESESP, así como Aida Pamela Caldera Caldera, titular de esa instancia de seguridad.

Todos ellos, junto con Dolores García Sosa, encargada de la Comisión de Atención a Víctimas; Norma Araceli Carrillo Ascencio, titular de PRONNA y José Francisco Osorio Ochoa, vicefiscal de la FGE, son candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pero al mismo tiempo se desempeñan en cargos públicos del gobierno estatal, lo que evidentemente condiciona su futura actuación como juzgadores.

En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que será el responsable de vigilar el desempeño de magistrados y jueces, son candidatos perfiles como

el ex Fiscal Anticorrupción, Mario Ochoa García; la titular del Registro Civil del Estado, Brenda Gutiérrez Vega; el director General de Gobierno, Arturo Javier Pérez Moreno; así como la Oficial Mayor del Congreso local, Carmen Virgen Quiles.

Tales personajes carecen de experiencia en el ámbito judicial y tampoco responden a intereses ciudadanos, están ahí, en la antesala de un cargo jurisdiccional, estrictamente por su cercanía con el grupo en el poder; sin méritos, deberán su cargo a quien los impulsó, formando así una red de complicidades en torno a proyectos personales y políticos.

Los procesos rigurosos y controles objetivos que formaron parte de la carrera judicial, serán sustituidos por el amiguismo y el intercambio de favores a la hora de las postulaciones a cargos jurisdiccionales, practicas del más rancio priismo que ya se creían superadas y son pegamento de las cadenas de corrupción que efectivamente permearon al Poder Judicial durante mucho tiempo.

Sin embargo, el nuevo régimen ý su reforma judicial no pretenden la desaparición de tales procesos de descomposición institucional, sino más bien el recambio de los personajes beneficiarios de esa decadencia, es decir, solamente llevar nuevos rostros y nombres para que todo siga igual, nada más que con diferentes amos.

La reforma judicial más que una transformación de las instituciones, supone una limpia de carácter laboral, misma que permitirá cambiar la filiación del Poder Judicial, institución que muchos años se mantuvo afín al viejo sistema priista y ahora, por razones políticas, se considera que debe alinearse por completo al régimen morenista.

Resulta explicable que un gobierno reacio a la pluralidad como el de Morena, pretenda dicho proceso de conversión, pero que no busquen venderlo como un esfuerzo democrático que busca empoderar al pueblo, pues nada está más alejado de la realidad.