Indira Vizcaíno, investigada por uso indebido de programas sociales, revela SFP

Ciudad de México, Avanzada (24/10/2019).- Indira Vizcaíno Silva, delegada del gobierno federal en el estado de Colima, es investigada por el presunto mal manejo de programas sociales, reveló la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la funcionaria federal informó que junto con el caso de Vizcaíno Silva, son investigados también los delegados de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Chihuahua y Aguascalientes.

Sandoval acudió al Palacio de San Lázaro como parte de la glosa del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde explicó que las indagaciones se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas y se dijo abierta a atender cualquier otra denuncia que llegue.

Durante su participación ante los legisladores, la secretaria recordó que en días recientes se tipificó como delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa el uso de programas sociales con fines distintos para los que fueron creados y adelantó que de comprobarse las denuncias se sancionará a los acusados.

Expuso: “Esta utilización de programas sociales se tipifica como delito grave y tiene prisión oficiosa. Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control (OIC). Las más importantes han sido asumidas por mí, y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”.

Aunque no especificó las razones concretas por las que se investiga a los superdelegados, la titular de la SFP dio a conocer que también se realizan auditorías a programas sociales como Sembrando Vida, así como los que brindan apoyo económico a personas con discapacidad y adultos mayores.

La Secretaria mencionó que también hay auditorías en programas sociales, pues se busca dar plena transparencia a su utilización.

Hay cuatro auditorías a programas de apoyo a niños y niñas de madres trabajadoras, al de atención a personas con discapacidad, al de ayuda para personas adultas mayores, Sembrando Vida y todos los Servidores de la Nación.

Aclaró que en el combate a la impunidad no hay intocables ni perseguidos y que las investigaciones contra servidores públicos del pasado y los de la actual administración se realizan sin filias ni fobias.

Hasta la fecha, indicó, se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Detalló que de las auditorías realizadas a programas de desarrollo y operación regional se han observado 46 mil millones de pesos, que deberán ser justificados por estados y municipios “o reintegrar a la Federación”.