Avanzada (10/03/2025).- En México, la extorsión es un delito que no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también deja profundas secuelas psicológicas que suelen ser ignoradas por las autoridades y la sociedad. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en su más reciente informe “Los daños ignorados de la extorsión: la afectación psicológica”, el impacto emocional de este crimen puede derivar en miedo, ansiedad, depresión y, en casos extremos, trastornos severos como ideas delirantes o esquizoafectivas.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) 2021 del INEGI, en México se cometen más de 28 millones de delitos al año, de los cuales casi cinco millones corresponden a extorsión. Sin embargo, el informe destaca que solo 250 mil casos fueron denunciados y apenas en 129 de ellos se inició una investigación formal.
El panorama es aún más desalentador cuando se analiza la eficacia de las autoridades: solo en el 0.3 % de los casos las víctimas recuperaron sus bienes y en ninguno obtuvieron una reparación del daño. Este abandono institucional perpetúa la impunidad y agrava las consecuencias emocionales de quienes padecen este delito.
El informe del ONC subraya que las víctimas de extorsión experimentan un amplio rango de reacciones emocionales. En un primer momento, las respuestas más comunes son miedo, tristeza, rabia y una sensación de vulnerabilidad. Estas emociones se ven intensificadas cuando el delito ocurre en espacios íntimos como el hogar o cuando las amenazas resultan creíbles.
En el caso de la extorsión telefónica o cibernética, los delincuentes emplean estrategias de manipulación emocional. Frases como “te estamos vigilando”, “tenemos secuestrado a tu hijo” o “sabemos dónde vives” generan pánico inmediato y llevan a las víctimas a actuar de manera impulsiva, facilitando que el delito se consuma.
Una vez que las víctimas descubren que las amenazas eran falsas, experimentan una mezcla de enojo, vergüenza y culpa, junto con un incremento en la percepción de inseguridad. Muchas personas afectadas cambian sus hábitos cotidianos: evitan responder llamadas de números desconocidos, limitan la información que comparten en redes sociales y aumentan el control sobre el paradero de sus familiares.
El fenómeno de la extorsión en plataformas digitales ha aumentado significativamente desde la pandemia. Las víctimas de fraudes en páginas web, redes sociales, correos electrónicos y mensajería instantánea suelen ser personas mayores o migrantes tecnológicos, es decir, quienes aprendieron a utilizar la tecnología en edad adulta.
En estos casos, las secuelas psicológicas más comunes incluyen desconfianza, irritación y frustración. Por ejemplo, el robo de cuentas de WhatsApp genera una gran preocupación, no solo por las posibles pérdidas económicas, sino por la sensación de vulnerabilidad al perder un medio esencial de comunicación.
En las extorsiones relacionadas con el sector financiero, en las que los delincuentes se hacen pasar por instituciones bancarias, las víctimas experimentan un fuerte sentimiento de culpa, baja autoestima y un temor constante de volver a ser engañadas.
El informe también aborda la extorsión presencial, la cual suele manifestarse en la exigencia de un “derecho de piso” o en la obligación de adquirir bienes o servicios de un proveedor específico.
En estos casos, la violencia psicológica y física es un componente constante para someter a las víctimas. Los delincuentes emplean amenazas directas, exhibición de armas y hacen referencia a organizaciones criminales para sembrar el miedo.
Muchas personas que enfrentan este tipo de extorsión terminan por cerrar sus negocios, abandonar sus hogares y cambiar drásticamente su estilo de vida, lo que agrava el impacto emocional tanto en las víctimas directas como en sus familias.
El miedo a las posibles complicidades entre delincuentes y autoridades también disuade a las personas de denunciar, perpetuando el ciclo de impunidad y violencia.
Una de las formas más alarmantes de extorsión es aquella que proviene de las mismas autoridades o instituciones privadas. Este tipo de abuso puede manifestarse en solicitudes de dinero, favores, complicidad o incluso favores sexuales.
Las víctimas que intentan denunciar estos casos suelen enfrentar un proceso de revictimización, aislamiento y represalias, mientras que los responsables rara vez son sancionados.
El informe destaca que, en los casos de sextorsión (la exigencia de favores sexuales), las víctimas—en su mayoría mujeres—sufren un profundo daño emocional derivado de la violencia sexual, el estigma social y la falta de apoyo institucional.
A pesar de que la Ley General de Víctimas establece el derecho a una reparación integral del daño, la realidad es que el Estado no cuenta con los mecanismos ni los recursos para garantizar este apoyo.
El Observatorio Nacional Ciudadano señala la urgencia de atender las secuelas emocionales de las víctimas, no solo el daño patrimonial. La negligencia gubernamental en este ámbito es evidente, ya que las políticas públicas actuales son calificadas como “cosméticas y superficiales”.
Ante esta situación, el ONC se ha comprometido a seguir impulsando la reparación del daño y ofreciendo asesoría legal y psicológica gratuita a las víctimas de extorsión.
El informe del Observatorio Nacional Ciudadano deja claro que la extorsión no solo representa una amenaza económica, sino que también es una forma de violencia que desgasta la salud mental de quienes la padecen.
La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, el miedo a represalias y la impunidad generalizada agravan las consecuencias psicológicas del delito.
Es fundamental que el Estado implemente políticas públicas que garanticen una atención integral para las víctimas, incluyendo servicios especializados de salud mental y mecanismos eficaces para la reparación del daño.
Mientras esto no ocurra, millones de personas en México seguirán viviendo con las cicatrices invisibles que deja la extorsión.