Columna
El Puercoespín
Los abogados que conocen el mundo del Poder Judicial se cansaron de pedirles a los diputados que visitaran los juzgados del estado, que investigaran cómo valora la gente los procesos judiciales, pidieron foros y consultas a los abogados y a los académicos locales y, tanto los diputados, así como el Poder Ejecutivo, nunca escucharon, siguieron montados en su macho y aprobaron a toda velocidad, algo extraordinario, porque eso de trabajar no se les da mucho.
Qué estará en juego en la próxima elección del Poder Judicial. Sencillamente estarán en juego todos los puestos del Poder Judicial local, 46 en total: 5 magistrados y 5 magistradas del Tribunal Superior de Justicia; 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; y la totalidad de los 31 jueces de primera instancia.
Qué pasó, por qué tanta prisa.
La gobernadora en una de sus conferencias de prensa ventaneó a los magistrados cuando dijo que 9 de los 10 magistrados habían estado de acuerdo con la reforma al vapor.
Por otra parte, la Asociación de Jueces de Primera instancia, A. C. publicaron una carta abierta dirigida al Congreso del Estadodonde manifiestan su desacuerdo a la aprobación de la reforma judicial hecha de manera tan atropellada porque, según ellos, el artículo octavo transitorio otorgaba un plazo de 180 días a partir de 14 de marzo de 2025 para que se hicieran las adecuaciones a las constituciones locales y se tenía el tiempo suficiente hasta el 2027 para elegir con tranquilidad, con técnica precisa y reflexión profunda.
En su carta pública argumentan que se perdió la oportunidad de discutir con amplitud, profundidad, transparencia, diversidad e inclusión la reforma local, pues ésta era inminente al haberse reformado la Constitución Federal.
El proceso de legislativo de la modificación constitucional local fue innecesariamente apresurado que no va a permitir un calendario cómodo para la realización de elección que beneficie y favorezca una buena selección de candidatos.
Y, sobre todo, acusan un apresuramiento que pone en riesgo de una parálisis del Poder Judicial.
Lo cierto es que se dio un pacto en corto entre los de arriba, es decir, los miembros del Supremo Tribunal de Justicia (los magistrados) y la titular del Poder Ejecutivo. Solo un magistrado no estuvo de acuerdo con el pacto.
Qué consecuencias devienen de este pacto:
- No se buscó hacer una reforma como lo planteó Morena a nivel nacional donde los ciudadanos resultarán favorecidos con los cambios y la elección de los jueces y magistrados;
- Poner de común acuerdo a los próximos candidatos a magistrados y, obviamente, que resultarán ganadores a quienes ellos propongan;
- Imponer a los candidatos y virtualmente próximos magistrados a los futuros integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial;
- Palomear a todos los jueces de primera instancia que se sujeten a sus órdenes;
- Eliminar a los candidatos incomodos.
En colima perdimos un momento coyuntural histórico para haber transformado el Poder Judicial en beneficio de los ciudadanos.
Muchos de los actuales jueces, muchos ciudadanos, muchos abogados honestos se quedaron con las ganas de una reforma al Poder Judicial transformadora.
La vulgar politiquería sigue invicta.
La transformación del Poder Judicial otra vez será, hoy no.