Nepotismo en el OSAFIG: los parientes de la nueva auditora

ESTRICTO DERECHO

En nuestro Estado, además de los tres poderes tradicionales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, existen otras instituciones previstas en la Constitución local, dotadas de autonomía, como es el caso del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, mejor conocido como OSAFIG.

Esta entidad pública tiene a su cargo fiscalizar tanto los ingresos, los egresos, la deuda pública, como el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y de recursos locales de los entes públicos; solicitar y revisar información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública de las entidades que está revisando; evaluar el manejo y el ejercicio de los recursos económicos del estado y los municipios; presentar al Congreso estatal un informe del resultado de la revisión de la cuenta pública; y la función más relevante de todas: derivado de sus investigaciones, tiene la atribución de promover las responsabilidades que sean procedentes, tanto de carácter administrativo como penal, ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En resumen, es una institución fundamental para nuestro Estado, siempre y cuando ejerza sus facultades correctamente.

Corresponde al Congreso del Estado nombrar a la persona titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Justamente, el 19 diciembre de 2024, a pesar de que había algunos señalamientos en su contra, se designó a Esthela León Preciado, por unanimidad, como nueva titular del OSAFIG por los próximos 7 años. En la sesión solemne en la que rindió protesta, se destacó que León Preciado, por su experiencia de más de 5 años en materia de control, auditoría financiera y responsabilidades, acreditó tener el perfil idóneo para el cargo.

Cuando se realizó esta sesión solemne, a nombre del Legislativo, el diputado presidente de la mesa directiva señaló (y en eso coincidimos) que la Auditoría Superior es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones; en tanto que la representante del Ejecutivo, la Secretaria de Planeación y Finanzas, refirió que el nombramiento de esta persona era clave para la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

Veamos ahora si hay coincidencia entre lo que dijeron entonces las autoridades y lo que, desafortunadamente, está ocurriendo en la realidad.

Al revisar la trayectoria de Esthela León Preciado, se puede concluir que, aparentemente, sí tiene las credenciales necesarias para el cargo: es contadora pública por la Universidad de Colima, tiene diplomado en materia fiscal, así como diversos cursos y talleres en contabilidad, ingresos, seguridad social, defensa fiscal, disciplina financiera, armonización contable, entre otros. Y en cuanto a experiencia laboral, resalta que laboró para la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, el antecedente del actual OSAFIG, donde trabajó después, hasta abril de 2024, cuando optó por jubilarse.

Sin embargo, llama la atención que, al parecer, entre las cartas credenciales de la nueva Auditora Superior no es su fuerte el tema de las responsabilidades administrativas, entre las que destaca, como falta grave, el nepotismo; y ni hablar de otro rubro que debería ser fundamental para quien es titular del OSAFIG, como es el caso de la ética.

Al respecto, en su artículo 63 bis, la Ley General de Responsabilidades Administrativas describe que se considera nepotismo cuando contratas a personas con las que tienes lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculos de matrimonio o concubinato. En este caso, desde cuando iba a ser designada Esthela León, se mencionó su vínculo de parentesco con una secretaria del gobierno estatal, el cual evidentemente pesó para que finalmente fuera nombrada en ese cargo. Y ahora, lejos de borrar esa mancha, la Auditora Superior ha decidido ensuciarse todavía más, al convertir al OSAFIG en una especie de empresa familiar.

¿Por qué hablamos de nepotismo? Porque Esthela León Preciado ha sostenido, en dos cargos públicos de altísima relevancia dentro del propio OSAFIG, a dos familiares suyos muy cercanos: uno es el Contralor Interno, el encargado de verificar que todo se realice conforme a derecho en el propio OSAFIG, quien es primo hermano de la Auditora Superior; y el otro, la titular de la Unidad de Auditoría del Desempeño, otra instancia decisiva dentro del OSAFIG, la cual está a cargo de una sobrina de la Auditora Superior, hija de su hermana. Si fueran cargos menores, que no incidieran en las tareas sustantivas del OSAFIG, ni siquiera tendría sentido hacer esta denuncia pública; sin embargo, el hecho de que estos dos cargos de primer nivel dentro de la institución estén ocupados por parientes cercanísimos de la Auditora Superior es francamente insostenible.

Podrá argumentarse que fue la anterior titular del OSAFIG quien nombró a estas personas, antes de que Esthela León Preciado asumiera como titular. No obstante, son cargos de confianza, de libre designación y remoción; cargos que, al ya desempeñarse como la actual Auditora Superior, debe pronunciarse respecto de su continuidad. Y aunque no lo ha hecho públicamente hasta hoy, es claro que al mantener a estas dos personas al frente de esas áreas tan relevantes en el organigrama del OSAFIG, Esthela León Preciado las ha ratificado tácitamente, configurando así la falta grave de nepotismo que se le atribuye; lo cual es doblemente lamentable, ya que se trata de la institución encargada de vigilar que el resto de los entes públicos no incurran en ilegalidades y, desafortunadamente, la nueva Auditora Superior está poniendo la muestra de que la ley está para burlarla. Confío en que, en un arranque de decencia, recapacite y ponga fin a este despropósito. De lo contrario, ¿con qué autoridad moral revisará que otros entes públicos actúen conforme a derecho?

Esperemos que la instancia legislativa responsable de revisar estas cuestiones, la Comisión de Vigilancia del OSAFIG, integrada por cinco legisladoras oficialistas: Andrea Heredia, Yommira Carrillo, Evangelina Bustamante, Priscila García, y Andrea Naranjo, tome cartas en el asunto para enmendar esta grave ilegalidad. Si no, no sabemos cómo podrían hablar de buen funcionamiento de las instituciones, o de cómo van a fortalecer la confianza de la ciudadanía en éstas, como se dijo cuando esta persona asumió el cargo.

De ser necesario, habrá que iniciar procedimientos para que se finquen las responsabilidades correspondientes, aunque se evidencie más la ilegalidad, porque la responsabilidad administrativa tendría que promoverse ante el Contralor Interno del OSAFIG, el primo de la Auditora Superior (será interesante ver qué hace con la queja que se presente). Ojalá decida ponerse a trabajar la Comisión de Vigilancia y corrija este sinsentido. Es cuanto.

OTROSÍ 1. El lunes 20 de enero dictó sentencia el Tribunal Electoral del Estado en el asunto relativo a la revocación de mandato de la gobernadora. Básicamente, utilizaron un argumento absurdo (dieron una muestra clara de cómo será próximamente la justicia del bienestar), diciendo en resumen que, independientemente de los derechos que nos reconozcan la Constitución Federal o la local, lo que vale es lo que digan los legisladores. Si mañana al Congreso del Estado se le ocurre legislar para que la revocación de mandato sea hasta el año 2100, eso estará bien, según la mente limitada y obtusa de quienes integran el Tribunal Electoral local. Sin embargo, es comprensible su postura: están para cumplir órdenes y esas son las instrucciones que recibieron desde el gobierno estatal. Finalmente, debe aclararse que esta decisión no es definitiva, todavía queda la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como última instancia. ¡Habrá que dar esa batalla!

OTROSÍ 2. Se dieron por aprobadas las modificaciones a la Constitución estatal para implementar la llamada reforma judicial local. El pasado 14 de enero se hizo la publicación respectiva en el Periódico Oficial. A diferencia del ámbito federal, aquí tendremos la sustitución total de jueces y magistrados y, desde ahora lo advertimos: se avecina una crisis grave para la administración de justicia. Que nadie se sorprenda cuando tenga que acudir a una instancia jurisdiccional por algún conflicto de carácter legal y se encuentre con el desastre que desde hoy se está gestando. Los dados van a estar cargados de ahora en adelante…