EDITORIAL
Colima, México, Avanzada (01/07/2019).- A lo largo de la historia de la humanidad existen capítulos aberrantes y profundamente vergonzosos en los que el valor de la vida humana ha sido reducido al mínimo o prácticamente anulado, frente a la inoperancia de leyes y la complacencia o indolencia de autoridades que lo impidan.
El caso más emblemático del Siglo XX ocurrió durante la Alemania Nazi, en la que millones de judíos fueron exterminados por la voluntad de un tirano que pasó a la historia como uno de los máximos depredadores de la humanidad. Pero no es el único caso de la existencia de campos de exterminio, porque también destaca el de la Unión Soviética en tiempos de Stalin y muchos más en otros tiempos y latitudes.
Guardando las proporciones, en el estado de Colima han aparecido ejemplos de lo que podría ser caracterizado como campos de exterminio, el más claro de ellos en los predios de Santa Rosa, donde a principios de febrero pasado fueron localizadas 49 fosas clandestinas que contenían los cadáveres de al menos 69 personas que murieron ejecutadas.
Si bien resulta impresionante la localización de tal cantidad de restos humanos juntos de personas asesinadas, en un estado tan pequeño como es Colima, más estremecedor resulta todavía imaginar que ese lugar funcionó como campo de exterminio, al que podrían haber sido llevadas las personas secuestradas o levantadas en diversas regiones del estado para ser ejecutadas en ese lugar y posteriormente sepultadas de manera clandestina en el vasto terreno de esa zona, en los límites de Tecomán y Armería, una región que ha sido considerada territorio sin ley.
Los modernos exterminadores son nada más y nada menos que grupos armados al margen de la ley, aunque probablemente bajo el amparo de alguna autoridad, que además de controlar el trasiego de drogas y otros negocios ilegales, han tomado el poder en extensos territorios, haciendo valer su propia ley basada en la muerte y el exterminio de otras personas.
Este cariz que están tomando las manifestaciones de la violencia y la inseguridad en Colima debería ser motivo de preocupación para la población de Colima, y exigirle al gobierno cumplir con su responsabilidad de garantizar la legalidad y la tranquilidad en el territorio colimense, para que todos los habitantes puedan vivir felices y seguros.
Y en relación con el probable campo de exterminio de Santa Rosa, el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, tienen la responsabilidad de transparentar la información hacia los colimenses, pues a más de cuatro meses del hallazgo de las fosas y los cuerpos ya deben existir certezas sobre lo ocurrido en ese lugar, así como la atribución de responsabilidades a los implicados en esa masacre.
Sin mayores pretextos de servidores públicos opacos, la población de Colima tiene pleno derecho a conocer la magnitud y la naturaleza de los actos violentos que se han suscitado en su territorio.