Nombramientos pendientes: la omisión del Senado

Estricto Derecho

Desde el año 2020, el Senado de la República ha sido omiso en cumplir con su obligación constitucional de realizar o, en su caso, ratificar diversos nombramientos, tanto en tribunales como en órganos autónomos de carácter federal y local.

El pasado 13 de septiembre, el presidente de la JUCOPO del Senado declaró que, hasta este momento, son más de cien las designaciones pendientes de efectuar, comprometiéndose, ahora sí, a lograr los consensos necesarios (la mayoría de los nombramientos requiere mayoría calificada) durante este periodo ordinario de sesiones, que concluye a mediados de diciembre próximo.

Como el espacio no alcanzaría para revisar todos los nombramientos pendientes, vamos a enfocarnos en los de mayor relevancia.

El caso más grave lo tenemos en el INAI, el Instituto que tiene a su cargo garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Este organismo garante se integra por siete comisionados y, desde el pasado mes de marzo, cuando concluyó el periodo del comisionado Acuña Llamas, quedó impedido para cumplir con su labor, ante la falta de designación, por parte del Senado, de tres de sus integrantes, ya que requiere un mínimo de cinco para sesionar legalmente

Debido a lo anterior, cuando aún tenía quórum, el INAI promovió controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia para obligar al Senado a nombrar a los integrantes que le faltan, y también para que, en tanto eso sucedía, la Suprema Corte autorizara que, de manera provisional, el Instituto sesione válidamente con los cuatro integrantes que aún lo conforman, lo cual así fue permitido por la Segunda Sala el pasado 23 de agosto.

Hasta el momento, el Senado sigue siendo omiso en nombrar a tres de los siete integrantes del INAI, poniendo en riesgo los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, a pesar de que en diversos amparos y controversias constitucionales se le ha ordenado que realice dichas designaciones.

Otro caso gravísimo son los tribunales electorales locales. Con motivo de una reforma a la Constitución Federal en 2014, se facultó al Senado para que nombrara a las magistraturas de dichos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, desde el año 2021 no se han podido aprobar estos nombramientos, ya van 42 cargos pendientes de ser nombrados, y las vacantes se siguen y se seguirán generando.

Hasta la fecha, prácticamente la totalidad de los tribunales electorales locales (31 de 32 en total) se encuentran incompletos, y funcionan con juzgadores interinos o suplentes, lo que pone en riesgo los procesos electorales que tendrán lugar en las entidades federativas durante el próximo año.

Si de tribunales se trata, también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los Tribunales Agrarios, tanto el Superior como diversos Unitarios, se encuentran sin titulares en varias ponencias, debido a la parálisis senatorial.

Por si fuera poco, el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales y juzgados federales, también se encuentra incompleto. Desde hace casi dos años, cuando la ahora Ministra Loretta Ortiz Ahlf fue designada en ese cargo, quedó vacante la silla que ocupaba en dicho Consejo, misma que, inexplicablemente, hasta este momento continúa sin poder ser cubierta, aun cuando es un nombramiento que puede ser aprobado por mayoría simple.

¿Qué significa esto? Que Morena y sus aliados perfectamente podrían haber hecho esta designación desde hace tiempo (Loretta Ortiz dejó el Consejo en noviembre de 2021), sin necesitar de los votos de la oposición, pero no ha sido posible porque ni siquiera entre ellos logran ponerse de acuerdo respecto de un perfil adecuado para ese cargo.

En días pasados, el nombre de la exmagistrada Celia Maya García, actualmente pensionada con más de 157 mil pesos mensuales, y excandidata de Morena al gobierno de Querétaro, ha estado circulando como futura Consejera de la Judicatura Federal, pero ya surgieron voces de rechazo a esta posibilidad, dada la acreditada militancia de la antes nombrada, condición que la inhabilitaría de facto para ocupar el cargo que pretende, al carecer de autonomía e independencia.

Por último, tenemos también vacantes en la joya de la corona: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad jurisdiccional en la materia, al que le corresponde conocer, entre otros aspectos, de las impugnaciones relativas a las elecciones federales de diputaciones y de senadurías, así como de la propia Presidencia de la República.

Desde marzo de 2022, las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral, distribuidas a lo largo y ancho del país, se encuentran incompletas, al haber concluido el encargo de un integrante de cada una de ellas. En su oportunidad, se realizó el proceso de selección respectivo y, como lo marca la Constitución Federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia remitió al Senado las ternas respectivas para la designación de las magistraturas faltantes. Hasta la fecha, un año y medio después, los nombramientos siguen sin efectuarse, por la falta de consensos para alcanzar la mayoría calificada requerida.

Por si fuera poco, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que conoce de las violaciones a las normas sobre propaganda personalizada, así como las relativas a la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, y de imponer las sanciones que correspondan, también se encuentra incompleta. Desde principios del mes de julio, en cumplimiento al deber que la Constitución Federal le impone, la Suprema Corte de Justicia remitió al Senado la terna respectiva, integrada exclusivamente por mujeres, para que dicha Cámara Legislativa realice la designación respectiva.

Hasta ahora, el Senado mantiene congelada dicha terna, y la Sala Regional Especializada sigue sin una magistrada titular, lo cual resulta particularmente delicado, porque el proceso electoral federal ya inició, y esta Sala tendrá mucho trabajo, más del que ya tiene ahora, y es indispensable que esté debidamente integrada.

Si lo anterior no fuera suficiente, el próximo 31 de octubre, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral también concluirán su periodo y, desde ahora, la Suprema Corte ya ha iniciado el procedimiento para definir las dos ternas de las que el Senado elegirá a quienes los reemplacen, por lo que, próximamente, estará remitiendo sus propuestas a dicha Cámara, para que estas sean votadas y se defina a quienes ocuparán estas dos vacantes en la Sala Superior, y así ésta no quede incompleta en pleno proceso electoral federal.

Como se advierte, estamos frente a un escenario de alto riesgo para el Estado mexicano, porque existe la posibilidad, como ha ocurrido hasta ahora, de que el Senado sea omiso en nombrar a estas dos magistraturas de la Sala Superior, lo que dificultaría sobremanera el funcionamiento de este órgano colegiado y, de manera particular, le impediría ejercer su atribución de declarar, eventualmente, la nulidad de la elección presidencial, al requerirse un quórum de seis integrantes para una sesión en la que se aborde este tema. ¿Acaso ese será el fin último que persiguen López Obrador y sus aliados? ¿Le apuestan a un Tribunal Electoral incompleto que, pese a lo contundente de las evidencias, no pueda declarar la nulidad de la elección, al no estar debidamente integrado? En poco tiempo lo sabremos…

OTROSÍ. Ya que hablamos del Tribunal Electoral, es pertinente referirnos a la sentencia que dictó la Sala Superior la semana pasada, respecto de la queja de la senadora Citlalli Hernández en contra de Ricardo Salinas, por presuntos actos constitutivos de violencia política de género, al difundir expresiones que la senadora estimó que afectaban el desempeño de su cargo. La Sala Superior, por votación dividida (4-3), revocó el acuerdo impugnado y dejó sin efectos todo lo actuado en los procedimientos sancionadores, al determinar que la autoridad responsable carece de competencia para conocer de dicho asunto ya que, si bien las frases podrían contener elementos asociados con violencia simbólica y psicológica, las autoridades electorales solo pueden conocer de actos que afecten derechos político-electorales, sin que en el caso se advirtiera alguna incidencia en el desempeño del cargo como senadora o dirigente nacional, ni con alguna aspiración política o proceso electoral determinado. El Tribunal ha hablado, y decidió hacer prevalecer la libertad de expresión de la ciudadanía.