Fiscal Anticorrupción reconoce 900 carpetas rezagadas; aduce falta de presupuesto

Colima, México, Avanzada (06/09/2023).- En la Fiscalía Anticorrupción están abiertas casi 900 carpetas por presuntos actos de corrupción en contra de servidores públicos, sin embargo, la falta de personal y recursos material ha retrasado la judicialización de las investigaciones.

El Fiscal Anticorrupción, Mario Ochoa García afirmó que, ninguna de las denuncias interpuestas desde el 2018 han fenecido a pesar de los contratiempos presupuestales, por lo que todas las investigaciones están vigentes.

Puntualizó que lo que más requiere la Fiscalía Anticorrupción para avanzar con el trabajo es la contratación de más elementos del Ministerio Público, agentes investigadores, pues son estos últimos son los que realizan las investigaciones de campo.

También carecen de analistas en información, ya que son ellos los que revisan los documentos que les llegan, realizan el filtrado de la documentación que se requiere para integrarse a la carpeta de investigación.

Refirió que la situación presupuestal es la principal problemática por la que atraviesa la fiscalía a su cargo, “estamos gestionando con el Fiscal General (Bryant García) y también la situación presupuestal fue uno de los temas que abordamos con los diputados, ya que necesitamos más presupuesto y personal para hacer un trabajo más efectivo.

Entrevistado después de acudir al Congreso del Estado, el Fiscal Anticorrupción precisó que desde el 2018, cuando se creó la Fiscalía, hasta la fecha existen 886 carpetas, pero no ofreció detalles de las mismas ni tampoco quienes son los principales funcionarios denunciados, pues argumentó que se debe respetar la secrecía de los casos.

No obstante el exgobernador, Ignacio Peralta Sánchez es uno de los servidores públicos que enfrentan por lo menos cuatro denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por descontar las cuotas de los trabajadores sindicalizados y no haber entregado el dinero al Instituto de Pensiones, como correspondía; también por las irregularidades detectadas en el presupuesto para la construcción del C5I; así como por simular la compra de la XX zona militar y el uso irregular del crédito de 740 millones de pesos.