Una Contraloría de adorno

Colima, México, Avanzada (15/08/2023).- Si la Fiscalía Anticorrupción avanzan lento con las denuncias en contra del exgobernador, Ignacio Peralta Sánchez y funcionarios de la pasada administración, la Contraloría General del Estado no se queda atrás y en el año y medio de la actual administración no existe ninguna sanción en contra de servidores públicos de primer nivel.

La contralora, Isela Uribe Alvarado tampoco ha informado cuántas denuncias promovió la dependencia que dirige en contra del Peralta Sánchez y sus funcionarios involucrados en presuntas irregularidades.

Lo anterior a pesar de que la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva declaró hace más de un año, que el responsable del desastre financiero en Colima tenía nombre y apellido y era “José Ignacio Peralta” el exgobernador colimense.

El pasado 7 de agosto, el portal Colimapm publicó una entrevista con la contralora quien dijo que están abiertos procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de “personas de gran renombre que ya han ido a la Contraloría a presentar sus declaraciones en varias de las investigaciones que tenemos aperturadas”.

No obstante, la funcionaria estatal argumentó que por la naturaleza de las investigaciones, la información sobre estos procedimientos no era pública. El 7 de agosto dijo, “ya hemos atendido audiencias de personas de la administración anterior en donde estamos dando seguimiento. La semana pasada y antepasada hemos tenido audiencias con personas importantes por presuntas responsabilidades administrativas”.

Sin embargo, no reveló cuándo terminarán dichos procedimientos y la ruta que seguirá la contraloría para sancionar los presuntos actos de corrupción.

El artículo 3 fracción 1 de la Contraloría menciona que la Contraloría es la dependencia centralizada de la Administración Pública, con rango de Secretaría, responsable del control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado, competente para vigilar la actuación de los servidores públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad administrativa.