Desde el gobierno hicieron negocios que beneficiaron a empresarios

Colima, México (31/05/2023).- En Colima existen funcionarios de alto nivel que, aprovechándose del puesto político, impulsaron proyectos gubernamentales con ganancias para unos cuantos a costa de los bienes públicos.

El caso más reciente de negocios ilegales impulsados por los gobernantes, es la construcción del libramiento “Colima vía rápida” obra impulsada por el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez y su secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, hoy vinculado a proceso por peculado y ambos con denuncias penales por presunta corrupción.

Este lunes la titular del Ejecutivo, Indira Vizcaíno Silva confirmó lo que desde marzo de 2020 documentó AVANZADA, la empresa a la que se le otorgó la concesión por 30 años no contaba con ningún plan ejecutivo para desarrollar la obra, pero además las ganancias sólo serían para los particulares y no para la población de Colima, es decir, unos cuantos se beneficiarían económicamente con la infraestructura de los colimenses.

La situación era tan ventajosa para la empresa particular, que el 27 de noviembre de 2020, la mayoría de diputados locales de la pasada legislatura -a excepción de siete legisladores de Morena y el legislador sin partido Miguel Ángel Sánchez- avalaron que el gobierno de Colima contratara una línea de crédito por 65 millones de pesos que estaría a disposición de la empresa Dynfra, encargada de construir el libramiento “Colima vía rápida”, ahora cancelado.

En el decreto determinaron que la línea de crédito –con cargo a los colimenses-  se activaría cuando la empresa considere que no está obteniendo la inversión proyectada con el cobro de la caseta que se instalaría para obtener ganancias,  o cuando considere que el Gobierno del Estado incumple con la obligación de garantizar que el 92 por ciento de los tráileres y pipas circulen por la carretera de cuota trazada desde las instalaciones de la Guardia Nacional en la carretera Colima-Guadalajara hasta Loma de Fátima, donde se encuentra las instalaciones de la XX Zona Militar.

En el 2020 en el Congreso, los principales oradores a favor del nuevo libramiento fueron los entonces diputados del PT, Carlos César Farías, el coordinador de la fracción Juntos por Colima, Guillermo Toscano Reyes – actual presidente del consejo de Morena- el integrante del PVEM, Luis Fernando Escamilla y el morenista, Julio Anguiano Urbina, quienes señalaron que este proyecto beneficiará a los colimenses, y permitirá reactivar la economía de la entidad, pues se estarían generando cerca de 3 mil empleos.

El lunes, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva confirmó que la consejería jurídica del gobierno inició el proceso para revertir la concesión otorgada a la empresa.

REGALAN ESPACIOS PÚBLICOS A PARTICULARES

El 9 de noviembre Ignacio Peralta anunció que el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, se convertiría en un centro de atracción privado que llevaría por nombre Ecoparc, y sería operado por la empresa denominada Fiesta Safari.

Para cederle ese importante centro de esparcimiento en la capital del estado a un inversionista privado, el gobierno estatal realizó un contrato con el empresario José Ernesto Zazueta, con el compromiso que posteriormente se daría a conocer el convenio de concesión.

La entrega del Parque Regional al empresario José Ernesto Zazueta, director de Fiesta Safari y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, generó polémica entre amplios sectores de la sociedad colimense, dado que ese personaje fue acusado por la Profepa, en Sonora, por maltrato y cuidado deficientes de los animales.

Cuando se anunció este proyecto, el mandatario estatal aseguró que el concesionario invertiría 50 millones, en espacios adecuados y con animales bien alimentados y atendidos. Afirmó que habrá una clínica veterinaria para atender a las especies, así como un lugar de rehabilitación para animales.

Desde el pasado primero de noviembre de 2021 y ante los señalamientos de maltrato animal, y abandono de las instalaciones, la diputada del PVEM, Sandra Patricia Ceballos ha solicitado al gobierno que se revierta la concesión y se regrese el Parque Regional a la población.

LA PRIVATIZACIÓN DEL PANTEÓN DE VILLA DE ÁLVAREZ

El Ayuntamiento de Villa de Álvarez sólo recibirá el 5 por ciento de los lotes vendibles en el cementerio Bosque del Edén, mientras que la empresa Casa Colima, propiedad del político, Pedro Peralta Rivas, se quedaría con el 95 por ciento restantes.

El proyecto fue impulsado durante la administración del alcalde, Felipe Cruz Calvario. De acuerdo al dictamen que el 9 de octubre de 2020, presentó el Comité municipal de Análisis de Evaluación de los Proyectos de la Asociación – Público Privada a los integrantes de Cabildo para que aprobaran el proyecto para la construcción del panteón, que  se ofreció como a municipal, pero  terminó en una privatización por cuarenta años, a favor del empresario, Pedro Peralta Rivas, primo del gobernador Ignacio Peralta Sánchez.

El 13 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez y Casa Colima firmaron el contrato de compraventa con el propietario de un terreno de 10 hectáreas del predio rústico conocido como Trapichillos, que se ubica en la carretera rumbo a Minatitlán por un precio de 25 millones de pesos.

La empresa tendrá que pagar 15 millones de pesos y el Ayuntamiento solo 10 millones de pesos, pero fue este último el que realizó la inversión inicial, lo que permitió que el dueño del predio les entregara la propiedad y los inversionistas iniciaran con los trabajos para la edificación del nuevo panteón y la comercialización de los lotes.

De igual forma, en el dictamen presentado al Cabildo se menciona que cuando Casa Colima desarrolle el cementerio municipal, le entregará al Ayuntamiento únicamente el 5 por ciento de los espacios vendibles (alrededor de 700 lotes) y el área de fosa común.

A pesar de que en el contrato se habla de una  adquisición en copropiedad, en los dictámenes del proyecto no aparece con claridad esta especificación e incluso, aunque en los documentos se menciona que la empresa reembolsará la inversión original al Ayuntamiento por 10 millones de pesos, no se precisan los montos ni plazos específicos, solo se habla de que será en un plazo máximo de 10 años, que es el horizonte estimado de comercialización de todos los terrenos. Tampoco se determina una tasa de interés por ese financiamiento.

Además, aun cuando en este proyecto de Asociación Pública Privada (Apps) se incluye la concesión a Casa Colima para los servicios públicos de inhumación y exhumación, no se determina alguna contraprestación a favor del Ayuntamiento.

Ni el Comité de Evaluación de Proyectos de Apps ni las comisiones dictaminadoras ni el Cabildo determinaron que la copropiedad estuviera definida en los dictámenes y consecuentemente, en la futura escritura. Tampoco consideraron el porcentaje de esa adquisición como incremento patrimonial para el Ayuntamiento.