Combatir la corrupción

Recientemente, el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara presentó, en la facultad de Derecho de la Universidad de Colima, el Informe País, 2020. Sobre el Combate a la Corrupción en México (véase aquí: https://combatealacorrupcion.mx/). El Informe da cuenta no del estado de la corrupción en el país, sino de los resultados de los instrumentos normativos y administrativos diseñados en el Estado mexicano para combatir ese fenómeno desde sus causas. Es decir: para evitar la discrecionalidad en la designación de puestos, impedir la arbitrariedad en la asignación y ejercicio del gasto público, erradicar la opacidad de la información pública, sancionar a quienes cometen faltas o delitos de corrupción y garantizar el adecuado funcionamiento de la administración pública.

El Informe, a diferencia de otras propuestas analíticas sobre la corrupción, parte de reconocer el problema no como una anomalía burocrática ni como la conducta aislada de individuos que cometen actos de corrupción, sino como un fenómeno que sucede principalmente en redes. Concibe a los hechos de corrupción como la regularidad de un sistema cuyas propias estructuras los facilitan y premian, y no de uno que funciona correctamente. Además, esa visión de la corrupción se separa de aquellos miradores analíticos que pretenden entenderla como el mero incumplimiento de la ley (pues la corrupción sucede también al amparo de las normas jurídicas) o que se orientan a combatirla únicamente desde un enfoque punitivo (centrado en el castigo y la sanción) olvidando atender sus causas y las condiciones que la producen y reproducen cotidianamente.

Los resultados del Informe son reveladores: a pesar de que el Estado mexicano ha construido, con la colaboración de instituciones políticas, académicas y organizaciones de la sociedad civil, un conjunto de normas e instituciones para combatirla, el cumplimiento de sus cometidos ha fracasado por la procrastinación de acciones clave para darle vida; por la simulación del cumplimiento de las normas; y por la burocratización excesiva de sus procedimientos dejando de atender los objetivos sustantivos. De ahí que continue la designación discrecional de los cargos públicos, la distribución y transferencia discrecional del gasto público, el uso discrecional y opaco de los ahorros presupuestarios, la opacidad de una aparte sustantiva de la información pública, la burocratización, la oscuridad y la demora en los procesos de sanción a las conductas tipificadas como faltas y delitos de corrupción; y la ausencia del cumplimiento en las tareas asignadas al Sistema Nacional Anticorrupción.

Los datos que proporciona el Informe producen preocupación. Actualmente, en la Administración Pública Federal, solamente 1.3% de los puestos públicos forman parte del Servicio Profesional de Carrera, es decir, responde a criterios basados en la competencia y el mérito. Respecto a las contrataciones públicas, 88.3% han sido llevadas a cabo por procedimientos distintos a la licitación pública (79% fueron por adjudicación directa). Y en materia de sanciones, el Informe encuentra que la Plataforma Digital Nacional da cuenta que de 32,406 expedientes abiertos, solamente 30 personas servidoras públicas fueron sancionadas y de 2,831 carpetas abiertas de investigación, únicamente fueron judicializadas 9. 

Si bien el Informe está referido al ámbito federal, las conclusiones y los hechos generales que revela no distan mucho, con los matices y diferencias correspondientes, de la realidad en el ámbito local. En Colima, la captura de las instituciones del Estado (los puestos, presupuestos y decisiones) también es una realidad cotidiana. De ahí la necesidad de atender las causas de la corrupción en todos los niveles de gobierno para liberar al Estado de quienes lo capturan para servir a sus intereses económicos o políticos, corrompiendo la naturaleza de los asuntos públicos.