Ni pronta, ni expedita la justicia en Colima

Escrito por Claudia Gabriela Aguirre Luna.

Alas de Transformación

Hace apenas unos días diversos medios de comunicación dieron a conocer que “fuentes de la Fiscalía Anticorrupción” habían confirmado que dicho ente solicitó la audiencia de protocolo por responsabilidad de los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y demás resultantes imputados al exsecretario de Finanzas peraltista y actual diputado local Priista Carlos Arturo Noriega García.

Estando en pleno 2023, vale la pena recordar que en 2020, cuando era integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, interpuse una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima en contra de José Ignacio Peralta Sánchez, entonces Gobernador del Estado de Colima y de Carlos Arturo Noriega García por el delito de peculado, pues hubo una diferencia de más de 490 millones de pesos entre el costo original y lo destinado a la construcción del C5.

Es así que faltando pocos meses para cumplir 3 años de presentada la denuncia, no se ha realizado aún la imputación de dicho delito, lo que permitió que este personaje político sin pena ni gloria, volviera a tomar otro puesto público y no solo él, sino también su esposa que como todos saben es la Presidenta Municipal de Colima.

Además, denuncié ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, que también sigue “tramitando” este caso, pues no solamente interpuse una denuncia por la anterior discrepancia de la construcción del C5, sino también por el desvió de recursos del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL).

¿Por qué tardan tanto estas investigaciones? Ya van más de 3 años de que fueron interpuestas por lo que honestamente no encuentro la razón de tanta lentitud, sobre todo en el caso del desvío de las aportaciones al IPECOL, pues solo basta demostrar que la Secretaría de Finanzas no realizó las aportaciones que descontó a los trabajadores para el IPECOL para configurar el delito (cuyos efectos a la fecha siguen padeciendo los trabajadores sindicalizados).

¿A poco es tan difícil demostrar que no se hicieron los depósitos? Esta pasividad sumada al silencio de las autoridades, dan mucho que pensar a los colimenses que votaron por “un cambio”, para “hacer pagar a los responsables del saqueo de nuestro estado” y sin embargo, ¡Nada ha pasado! y lamentablemente, ¡Nada ha cambiado en Colima!

En otros estados se hizo justicia, pero en Colima, este tema parece importarle cada vez menos al actual gobierno… ¿O así fue acordado? La repuesta solo el tiempo la dará.

ALITAS 1.- En la sesión de ayer martes, tras analizar y votar la acción de inconstitucionalidad 137/2022 promovida por senadores de oposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el decreto por el que se autorizó el traspaso del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma aprobada viola el artículo 21 de la Constitución mexicana, el cual establece que las corporaciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben tener carácter civil, lo que se distorsionaría si esta pasa a estar subordinada de la Sedena.

Además, se recordó los llamados de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a México, para limitar la participación castrense en estas actividades, pues su entrenamiento se basa en la aplicación de la fuerza letal, lo que se podría traducir en violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.

¡Duro revés para el gobierno!