EDITORIAL: Nueva agresión de Indira contra organismos electorales

Imitadora del presidente Andrés Manuel López Obrador en su política contra los organismos autónomos, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva persiste en su andanada contra el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado (TEE), organismos a los que ha castigado presupuestalmente desde su llegada al cargo.

Ahora, a través del Congreso del Estado —que no se ha asumido como un poder representativo del pueblo, sino que ha cumplido el triste papel de oficina de trámites legislativos del Ejecutivo— la mandataria pretende asumir el control de los montos de las remuneraciones de consejeros del IEE y magistrados del TEE.

Los anterior lo hizo mediante la aprobación del Decreto 262 por parte de los legisladores el pasado 14 de marzo, que con gran celeridad y rapidez fue publicado en el periódico oficial El Estado de Colima, mediante el cual se reforman los artículos 109, 125 y 273 del Código Electoral del estado de Colima para reducir, de manera unilateral, los ingresos de los representantes de ambos organismos autónomos.

De acuerdo con el decreto, el propósito de la reforma es “regular las remuneraciones de las Consejeras y Consejeros que integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, de igual forma la de las y los Consejeros Municipales del citado Instituto, así como el de Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima, conforme a una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones y proporcional a sus responsabilidades, determinadas de manera anual y equitativa en los presupuestos de egresos de la Entidad”.

En la reforma se establece que “los principios por los cuales se debe regir las percepciones de las remuneraciones de las personas servidoras públicas son de legalidad, igualdad, equidad y objetividad”. 

Se abunda que lo planteado en el Decreto aprobado es que, “respecto de los cargos de Presidencias y Consejerías de los Municipios del Instituto Electoral, desaparezca la diferencia de remuneraciones o dieta en proceso electoral y en período no electoral, dejando solamente fijo la remuneración o dieta correspondiente a cada uno de esos cargos en periodo de proceso electoral, y que en periodo no electoral no perciban dieta o remuneración”. 

La reacción del Consejo General del IEE no se hizo esperar y este lunes 17 de abril, durante la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2021-2023, determinó “las acciones a seguir para la defensa legal del organismo contra el Decreto Número 262 emitido por el H. Congreso del Estado de Colima y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 16 de marzo de 2023”.

El acuerdo aprobado fue la presentación, a nombre del organismo, de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el mencionado decreto, por considerarlo “violatorio de derechos humanos de las y los Consejeros Electorales y Secretarias y Secretarios Ejecutivos del Consejo General, así como de los Consejos Municipales Electorales; además de ser contrario a principios consagrados en la Carta Magna, como lo son el de constitucionalidad, convencionalidad, legalidad, certeza e irretroactividad de la ley”.

Asimismo, “ante la gravedad que se estima en la vulneración de derechos humanos de funcionarias y funcionarios de este Instituto y la transgresión a diversas normas y principios constitucionales, se estima pertinente, en caso de ser necesario, la contratación de asesoría especializada de perfiles profesionales con experiencia en la materia, que cuenten con las habilidades, conocimientos técnico-jurídicos y procedimentales que se requieren para tramitar el juicio, a efecto de garantizar su oportuno trámite y gestión en la defensa legal que éste implique”.

Sin que se discuta si los montos salariales de consejeros y magistrados son altos o excesivos y si existe la necesidad de que sean ajustados a la realidad del estado, el problema central que se aprecia es que la decisión ha sido tomada de una manera autoritaria, sin tomar en cuenta ni respetar la autonomía del organismo.

Con su estrategia de copiar las peores prácticas antidemocráticas del obradorismo, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha provocado un nuevo conflicto constitucional en el estado contra el Congreso que, siguiendo sus órdenes, aprobó el decreto y contra ella misma por haberlo publicado en el Periódico Oficial.

Ya antes el gobierno de Indira ha sufrido derrotas por parte del Ayuntamiento de Manzanillo y se enfilan otras por el Infocol y por su negativa a someterse a la consulta de revocación de mandato. Se verá qué resulta con esta nueva controversia constitucional.

*Fotografía tomada de redes sociales.