¿Cheque en blanco o cuentas claras?

Este espacio ha insistido múltiples ocasiones en la importancia y relevancia de la rendición de cuentas. Y esta alude, de acuerdo con la literatura en la materia, al deber que tienen los órganos del Estado de informar y justificar sus decisiones y acciones y, en su caso, ser sancionados. Representa un mecanismo democrático de control del ejercicio del poder orientado a fortalecer —y empoderar— a la ciudadanía frente a la arbitrariedad, la opacidad y la discrecionalidad de la acción gubernamental. Sin embargo, la respuesta común por parte de los gobiernos frente a esos mecanismos consiste en reducir o simular sus procedimientos. De ahí la necesidad de conocerlos y asegurar (y exigir) su cumplimiento.

Un aspecto fundamental para la rendición de cuentas tiene que ver con garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Para ello, la rendición de cuentas busca asegurar que el ejercicio del gasto público sea coherente con lo establecido anualmente en el presupuesto de egresos (aprobado por la Cámara de Diputados), así como verificar la calidad de los medios empleados en la acción gubernamental respecto a los resultados obtenidos o esperados. En otras palabras, el poder otorgado a los órganos del Estado (y sus representantes) no es un cheque en blanco sino que requiere de procedimientos que garanticen la existencia de, por lo menos, cuentas claras. El alegato no es menor, el carácter público de los recursos indica que estos son y pertenecen a todas y todos y no al capricho, voluntad o criterio de unos cuantos.

Sin embargo, a nivel estatal, es común que el Poder Ejecutivo ejerza el gasto público de manera diferente a lo aprobado en el presupuesto de egresos por parte del Poder Legislativo. Tan solo en el año anterior, como muestra la siguiente gráfica, todas las dependencias (con excepción de la Oficina de la Gubernatura) ejercieron el gasto de manera distinta a los presupuestado inicialmente. Entre los casos extremos están la Secretaría de Desarrollo Rural que ejerció un 41 % menos de su presupuesto asignado y la de Movilidad que ejerció 26 % más. El asunto no es menor, hay una ausencia, por parte de los órganos del Estado, de explicaciones claras sobre los motivos y razones que justifican dichos cambios y cómo afectan o afectaron en la consecución de los logros y objetivos esperados. 

Si bien es cierto que no siempre es posible ejercer los recursos tal cual lo establecido en el presupuesto, deben existir explicaciones que justifiquen (mediante los procedimientos adecuados) porque existen dependencias que ejercieron más o menos recursos, bajo que criterios se tomaron las decisiones y cómo eso impacta en la consecución de los objetivos y fines previamente establecidos. Si el Poder Ejecutivo puede ejercer los recursos de manera arbitraria, opaca y discrecional, ¿qué caso tiene entonces que el Poder Legislativo (integrado por representantes populares) tenga la función de aprobar el presupuesto de egresos y de fiscalizar el ejercicio de los recursos?

En los últimos años, la ciudadanía colimense ha sido testigo de los problemas graves que enfrentan las finanzas públicas y de la baja calidad de la acción gubernamental para resolver los problemas públicos. Los ejemplos abundan: la incapacidad para hacer el pago de nómina y de prestaciones salariales a la burocracia, el crecimiento de la deuda pública, la no acreditación del perfil requerido del personal para el desempeño de los cargos, la ausencia de información para conocer el destino de los recursos públicos, o la ausencia de sanciones frente a casos evidentes de corrupción. En todos esos casos, la rendición de cuentas representa un mecanismo para prevenir, detectar, corregir y sancionar. De ahí la importancia para la ciudadanía de apropiarse y exigir rendición de cuentas tanto a quienes se les aplica como a los órganos revisores, así como de mejorar y crear mecanismos que la involucren.