Escrito por Saúl Martínez González.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos anuncia cada inicio de año que aumento salarial regirá durante el año en curso, a partir del cual los trabajadores organizados en sindicatos negocian con los patrones o Empresarios organizados, el incremento salarial, ya que ambos tienen intereses antagónicos de origen. Los patrones pretenden un mínimo aumento, mientras que los trabajadores exigen un mayor aumento. Tienen pues como base, el salario mínimo y los contratos colectivos sindicales que tiene como sustento la inflación anual al final del año, anterior inmediato. Se parte de la inflación, si se iguala a la inflación no hay aumento real, solo se indexa el salario, no hay pérdida o ganancia del poder adquisitivo. Si es mayor a la inflación es incremento real, sí es menor a la tasa de inflación es pérdida del poder adquisitivo real.
En 2021 la inflación fue de 7.4 al final del año y los trabajadores del gobierno del estado representados por su sindicado solicitaron, a principios de 2022, el 7.3 por ciento de aumento salarial a los 3,300 trabajadores sindicalizados, situación que negó la parte patronal y sólo ofreció incrementar el 3 por ciento efectivo a partir de marzo. Es decir, una pérdida del poder adquisitivo del 4.3 por ciento. Aún con un aumento nominal del 7 por ciento, es cero aumento real al salario.
Después de casi un año de supuestas negociaciones y con todo el respaldo -vía encuesta a trabajadores- de los burócratas, estos rechazaron el 3 por ciento ofrecido por la gobernadora sobre el salario base. Nos enteramos por la prensa que su líder, viejo lobo de mar, Martin Flores había aceptado y negociado en lo oscurito un gran aumento para los trabajadores del 7 por ciento, sin retroactivo, es decir sólo a partir del 1° de diciembre y sin ninguna otra prestación del contrato colectivo. Además de fuertes condicionantes como aumentos escalonados por ingresos, quienes ganan más de 15 mil pesos sólo aumentará 3 por ciento y quienes ganan menos de esa cantidad 4 por ciento (salario mínimo es 5.258 mensuales) importándole nada los tabuladores que rigen al sindicato que es independiente de su patrón. En el lenguaje coloquial se dice “les dieron atole con el dedo”.
Para algunos esta negociación después de casi un año, cuando la inflación rebasó el 8 por ciento, es un insulto a los trabajadores y una traición de su líder sindical, porque ni siquiera obtuvo el pago retroactivo de casi todo el año 2022, solo es retroactivo a octubre.
¿Qué hay detrás de esta negociación? Sólo Martin Flores lo sabe, después de ser amenazado por el Secretario de Finanzas y no presentar denuncia penal, por mostrar los aumentos insultantes hasta del 63 % del gabinete principal de la gobernadora Indira Vizcaíno. Apenas el 17 de noviembre pasado, se ve muy sonriente con la gobernadora en la entrega de constancias de propiedad del Fraccionamiento Camino Real de los burócratas.
¿Por qué no denunció penalmente las amenazas en su contra? ¿Será que ahora el amenazado es él, hubo “moche”?; ¿Y los 210 millones de IPECOL qué?. En Colima todo pasa y no pasa nada. El aumento a estas fechas debió de ser mínimo del 8.1 % que es el último registro del inflación anual, tan sólo para compensar la pérdida del poder adquisitivo no incremento real. Y eso es que es uno de los sindicatos más fuertes del estado, dobló las manitas.
Sin embargo, la gobernadora envió una iniciativa al obediente y sumiso Congreso del Estado para aumentar el doble el presupuesto del Instituto Estatal Electoral del estado para el próximo año, cuando la Reforma Electoral que dice defender la gobernadora y Morena, misma que fue enviada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, incluye entre sus principales puntos la desaparición de estos órganos estatales, por inservibles y onerosos que no resuelven nada y solo sirven como instrumento de legitimación de fraudes. Así las cosas en “nuestra Colima”.
Fotografía tomada de la red social del Sindicato De Trabajadores Al Servicio Del Gobierno Del Estado De Colima.