Reforma legislativa pone en riesgo la salud mental de estudiantes de educación básica

Colima, México, Avanzada (21/10/2022).- El Congreso del Estado aprobó una reforma con el propósito de “garantizar la salud mental de niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas”, pero las carencias existentes en materia de infraestructura y personal podrían provocar un efecto contrario en los menores a quienes va dirigido el programa.

Los legisladores realizaron, durante la última sesión ordinaria, una modificación a las leyes de Educación y Salud del Estado de Colima para adicionar disposiciones que permitan mejorar los esquemas de coordinación interinstitucional, que permitan garantizar un efectivo acceso al derecho a la salud mental a las niñas, niños y adolescentes en el estado, permitiendo la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado ante la presencia de problemáticas de índole de la salud mental. 

La iniciativa, presentada por la diputada Kathia Zared Castillo y dictaminada por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte, propone Implementar coordinadamente con la Secretaría de Salud, un programa de salud mental que brinde diagnóstico, tratamiento, asistencia y a las niñas, niños y adolescentes que sean canalizados por aquella, procedentes de un centro escolar para su atención.

Así también, plantea la necesidad de contar con especialistas en salud mental, que lleven a cabo el diagnóstico, tamizaje de salud mental y en su caso canalización a la Secretaría de Salud, a fin de procurar el adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

Aunque una iniciativa de esta naturaleza puede ser considerada positiva por las “buenas intenciones” que trae consigo, pues nadie negaría la importancia de la detección temprana de trastornos de salud mental en los menores, también es necesario tomar en cuenta los riesgos que implica el hecho de que no se cuenta con la infraestructura ni el personal adecuado para llevar a la práctica ese proyecto.

Habría que preguntarse cuántos planteles escolares de educación básica cuentan actualmente con personal de psicología y de trabajo social, cuántos tienen instalaciones adecuadas para realizar este tipo de diagnósticos y qué garantía profesional puede haber de que los resultados de los estudios de salud mental serán confiables en un contexto en el que ni siquiera la atención de la salud física cuenta con personal, estudios, instrumental y medicamentos adecuados y suficientes.

Según la reforma legal boletinada por el área de comunicación social del Congreso, el tamizaje de salud mental deberá realizarse por lo menos una vez en el transcurso del ciclo escolar, para lo cual, los especialistas en salud mental deberán contar con las herramientas, materiales y tecnología necesaria, proporcionadas coordinadamente por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.

¿Será lo anterior posible, cuando desde hace varios años se estableció legalmente que todas las escuelas cuenten con departamento de Trabajo Social y esto no se ha cumplido? Lo mejor sería que este nuevo proyecto que ha sido aprobado no se ponga en marcha mientras no se cuente con los recursos materiales y humanos para aplicarlo de manera óptima.

Lo peor que podría ocurrir es que por las prisas de presumir un nuevo programa se pretenda poner en marcha algo que ofrecerá resultados errados que podrían afectar las vidas de muchos menores de edad, debido a malos diagnósticos que sólo estigmaticen a niños que no lo necesiten o que, por el contrario, impidan que se les proporcione la atención necesaria.

Conforme a la reforma legal, si derivado del tamizaje de salud mental, se advierte la necesidad de atención a la salud mental de alguna niña, niño o adolescente, la autoridad educativa deberá informar a quien ejerza la representación legal del educando y canalizarlo para su atención a la Secretaría de Salud, o en caso de ausencia de la persona, se dará vista a la Procuraduría de Protección de las niñas, niños y adolescentes para que en el ámbito de sus atribuciones legales lleve a cabo Io conducente.

Todo lo anterior, con respeto absoluto a la decisión de los padres, en el entendido de que tanto las escuelas como las instalaciones médicas cuentan con los elementos humanos y materiales necesario, suficientes y adecuados para ofrecer la mejor atención. De lo contrario, sería preferible que el inicio del proyecto quede pendiente, para evitar el riesgo de provocar daños mayores a los niños y adolescentes.