México carece de información confiable sobre el número de personas desaparecidas: Causa en Común

La organización Causa en Común advierte que los ajustes al padrón oficial no resuelven la crisis de fondo ni garantizan verdad y justicia para las víctimas.

Ciudad de México, Avanzada (09/04/2026).- El reciente anuncio sobre la “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha reavivado críticas sobre la confiabilidad de las cifras oficiales y la capacidad institucional para enfrentar una de las crisis más graves del país: la desaparición de personas.

De acuerdo con un análisis difundido por la organización civil Causa en Común, lejos de ofrecer claridad, el desglose presentado por el gobierno federal exhibe las debilidades estructurales en la generación, sistematización y verificación de datos. De los 130 mil 178 registros existentes, 46 mil 742 corresponden a casos incompletos, es decir, sin información suficiente que permita confirmar identidades o impulsar acciones efectivas de búsqueda.

A ello se suman 40 mil 308 registros en los que, tras cruces con bases administrativas, se detectó alguna actividad posterior a la desaparición, lo que llevó a las autoridades a presumir que estas personas no se encuentran desaparecidas. Finalmente, 43 mil 128 casos se clasifican como desapariciones “verificadas”, aunque solo 3 mil 869 están vinculados a una carpeta de investigación.

La organización subraya que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que el RNPDNO opera sin reglas claras, carece de mecanismos independientes de verificación y mantiene restringido el acceso a sus bases de datos, lo que impide validar la información presentada.

Entre los aspectos más cuestionados se encuentra el criterio utilizado para reclasificar casos. La existencia de supuestas “actividades” posteriores a la desaparición, advierte Causa en Común, no necesariamente implica la localización de una persona. Asimismo, resulta preocupante que los registros con información insuficiente sean prácticamente descartados, bajo el argumento de que no pueden ser investigados, lo que en la práctica los excluye de los esfuerzos de búsqueda.

También se señala que supeditar el reconocimiento de desapariciones a la existencia de carpetas de investigación resulta problemático, considerando el nivel de saturación y rezago que enfrentan las fiscalías en el país.

En este contexto, la organización insiste en que los ajustes estadísticos no sustituyen la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda, mejorar los procesos de identificación forense y garantizar recursos suficientes para atender la crisis. Sin estos elementos, advierte, cualquier “depuración” corre el riesgo de convertirse en un recurso discursivo sin impacto real en el acceso a la verdad y la justicia.

A ocho años de la Ley General en Materia de Desaparición, México continúa sin contar con un balance oficial confiable sobre el número de personas desaparecidas, mientras miles de familias siguen a la espera de respuestas.