¿Y el informe del Fiscal General del Estado?

Estricto derecho

Hoy nos referiremos a una institución que todos conocemos, y que anteriormente se denominaba Procuraduría General de Justicia del Estado. Era una dependencia que formaba parte de la administración pública estatal, y que estaba subordinada al Gobernador en turno, quien nombraba y removía libremente a su titular. El Procurador no rendía informe alguno a la sociedad, solamente le debía obediencia a su jefe el gobernador, y era al único al que le rendía cuentas. 

Esta situación empezó a cambiar con motivo de la reforma constitucional de junio de 2008, en virtud de la cual se dio una modificación sustancial del sistema de justicia penal, y las entonces procuradurías se empezaron a convertir en las actuales fiscalías. En febrero de 2014 hubo otra reforma constitucional de gran importancia, complemento de la anterior, por medio de la cual se estableció que la nueva Fiscalía General de la República y sus equivalentes en las entidades federativas serían órganos constitucionales autónomos de los tres poderes tradicionales, sin subordinación hacia ellos. 

Resultado de lo anterior, en noviembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, un decreto de reformas a la Constitución estatal, que contempló la sustitución de la Procuraduría General de Justicia por la Fiscalía General del Estado. Enseguida, el 21 de agosto de 2018, se publicó en el Periódico Oficial el decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima.

En el régimen transitorio del nuevo ordenamiento se indicó que, por única vez, el entonces Gobernador podría designar directamente al Fiscal General, lo que ocurrió el 05 de septiembre de 2018, cuando se nombró por el Ejecutivo a Gabriel Verduzco Rodríguez como Fiscal General del Estado, por un plazo de 06 años, a quien le fue tomada la protesta en una sesión celebrada por la LVIII Legislatura en esa misma fecha.

Posterior a ello, en sesión solemne de fecha 26 de septiembre de 2019, el entonces Fiscal General del Estado rindió su primer informe de actividades al frente de este órgano constitucional autónomo. Para el año siguiente, en 2020, con motivo de la pandemia, se acordó que entregara únicamente por escrito dicho documento, lo que sucedió hasta el 26 de octubre de esa anualidad. En 2021, se volvió a rendir el informe por escrito, pero ahora sí en tiempo, el 30 de septiembre de ese año. 

Como se puede advertir, el anterior Fiscal General dio cumplimiento puntual a la obligación de rendir su informe de labores -si bien en una ocasión lo hizo de forma extemporánea, por las circunstancias extraordinarias motivadas por la pandemia del COVID-, y lo hizo por cuenta propia, ya no por conducto del Ejecutivo, en ejercicio de la autonomía de la que actualmente goza, al no estar subordinado a nadie. 

Posteriormente, por razones extrañas que solamente los involucrados conocen, el Fiscal Verduzco Rodríguez presentó su renuncia al cargo, la cual le fue aceptada por Nacho Peralta, quien propuso como nuevo Fiscal General a Bryant García Ramírez, proveniente del equipo de Indira Vizcaíno, siendo aprobado sin mayor trámite por la LIX Legislatura. 

Precisamente es al actual Fiscal General, Bryant García Ramírez, a quien le recordamos el contenido del artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que en su último párrafo dispone: “El fiscal general presentará anualmente a los poderes legislativo y ejecutivo del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión”. Informe que tendría que haber presentado en el mes de septiembre de este año, pero que hasta la fecha no ha rendido. 

Y a todo esto, ¿por qué es importante que rinda un informe el Fiscal? Por muchas razones. La primera de ellas, porque así lo ordena nuestra Constitución local, al imponerle el deber de rendir cuentas ante la representación del pueblo, acerca del trabajo que ha desarrollado al frente de la Fiscalía General. En segundo término, porque nadie más va a rendir informe por él, ni siquiera la actual Gobernadora, porque ya no depende de ella -aunque él sienta que sí- y, por tanto, debe hacerlo por su cuenta.

El Fiscal General debe rendir su informe de actividades ante el Congreso, en una sesión que se celebre para tal efecto, para sujetar su labor -no muy eficiente, por cierto- al escrutinio público. Como sociedad, necesitamos escuchar sus explicaciones de los señalamientos que pesan sobre su trabajo, sobre todo si consideramos que, públicamente, ha comparecido en muy contadas ocasiones, y nunca ante el Legislativo. Incluso, hay una queja de una diputada respecto de la forma en que se están investigando los feminicidios, quien además se dolió de que le ha solicitado una cita y ni siquiera se ha tomado la molestia de recibirla. 

Además, es claro que tiene que informar qué ha sucedido en nuestro estado respecto de la investigación y la persecución de los delitos que se han cometido en este primer año de su gestión, como acontece con los más de siete mil defraudados por el sobrino del Vicefiscal de Procedimientos Penales, así como los avances o decisiones finales que han tenido asuntos iniciados con anterioridad, sobre todo casos graves, como los siguientes: 

– El homicidio de un menor en la casa del ex secretario de turismo -quien también fue jefe del actual Fiscal General-, el cual parece quedará en la más absoluta impunidad, ya que sigue sin reparársele el daño a los familiares de la principal víctima.

– El homicidio de siete policías, en el que se vieron involucrados familiares cercanos de un exdiputado local, personaje muy cercano a la gobernadora; caso en el que tampoco se ha hecho justicia como corresponde a las familias de las víctimas. 

– El homicidio de una diputada local del partido Morena, en el que parece fue absuelto el único acusado que había sido detenido. Al igual que los anteriores, la familia de la hoy occisa se encuentra en el más absoluto desamparo.

– Los gravísimos hechos de corrupción en los que incurrieron el anterior Gobernador y su Secretario de Planeación y Finanzas. Llama la atención que este gobierno culpa de todo a los funcionarios de los gobiernos anteriores, pero ni una sola denuncia ha merecido el ejercicio de la acción penal. Pareciera un pacto de complicidad no escrito.

– Las más de 60 mil denuncias que en una ocasión declaró el actual Fiscal que estaban pendientes de trámite. ¿Ya habrá algún avance considerable en su tramitación? ¿O se sigue incrementando la cuenta?

Por esas razones y otras más el Fiscal General debe rendir cuentas públicamente, y dejar de evadir su responsabilidad, como ha hecho la gobernadora en materia de seguridad, pues han preferido que sea un tercero el que salga a dar la cara. Ya solo falta que quieran mandar al vocero Joya a rendir su informe. A ver si el Congreso ya se pone las pilas en este tema o, como en muchos otros, sigue durmiendo el sueño de los justos.

OTROSÍ: Hablando de funcionarios del gobierno anterior acusados de corrupción, trascendió que un juez de distrito le concedió al exsecretario de Planeación y Finanzas la suspensión en un amparo que promovió contra el juicio político que le instauraron y han sido incapaces de concluir quienes integran la LX Legislatura. Cada vez está más cercana la consumación del pacto de impunidad entre MORENA y el PRI de Nacho Peralta. ¿Qué sigue? ¿La Fiscalía General también lo declarará inocente?