Un año sin el INAI: austeridad sin resultados claros en el sistema de transparencia

La reconfiguración institucional prometía austeridad y eficiencia; sin embargo, persisten vacíos operativos, fragmentación y dudas sobre el acceso efectivo a la información pública.

Ciudad de México, Avanzada (28/03/2026).- A un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la entrada en vigor de una nueva Ley General de Transparencia, el modelo que lo sustituyó muestra avances en materia de austeridad, pero enfrenta dificultades para consolidarse y garantizar plenamente el derecho de acceso a la información.

El 20 de marzo de 2025 se promulgó una nueva legislación bajo la misma denominación, como parte de la reforma constitucional de simplificación orgánica que eliminó diversos organismos autónomos. En su lugar, se creó el Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, acompañado por el órgano denominado Transparencia para el Pueblo, adscrito a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con un análisis publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la reforma planteó como objetivos centrales reducir el gasto público, eliminar duplicidades y alinear la operación institucional a principios de austeridad, racionalidad y eficiencia en el uso de recursos. El argumento oficial sostenía que la existencia de organismos autónomos había derivado en una “burocracia dorada” con funciones redundantes frente al Ejecutivo.

En términos presupuestales, el recorte es evidente. Mientras el INAI llegó a operar con cerca de mil millones de pesos anuales —y en su último año ejerció poco menos de 500 millones—, el nuevo órgano Transparencia para el Pueblo cuenta con apenas 25 millones de pesos, equivalente a poco más del 2% del presupuesto que tenía su antecesor en 2024. También hubo una reducción significativa de personal: de 759 trabajadores a inicios de 2025, se pasó a 339 empleados en el nuevo esquema.

No obstante, el análisis del gasto total resulta menos claro. La fragmentación institucional implicó la creación de múltiples autoridades garantes en distintos ámbitos, lo que dificulta estimar el costo real del sistema. A ello se suma que la Secretaría de Anticorrupción asumió nuevas funciones, particularmente en materia de datos personales y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, con un aumento presupuestal adicional para 2026.

Uno de los principales cuestionamientos al nuevo modelo es la dispersión de funciones. A diferencia del esquema anterior, en el que existía una autoridad nacional, ahora al menos 18 instancias —incluyendo órganos como el INEGI, el INE, la CNDH, el Banco de México o universidades públicas— deben resolver por sí mismas los recursos de revisión. Lejos de eliminar duplicidades, especialistas advierten que el sistema multiplicó los puntos de decisión y complejizó los procesos.

En el ámbito estatal, el avance también es parcial. Hasta ahora, solo 14 entidades han armonizado su legislación local y establecido subsistemas de transparencia, entre ellas Colima, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Esta falta de cobertura impide que el Consejo Nacional alcance quórum suficiente para operar plenamente y emitir lineamientos homogéneos.

El rediseño también trasladó responsabilidades a contralorías internas y órganos locales, lo que podría generar tensiones entre niveles de gobierno, especialmente en la resolución de controversias relacionadas con municipios.

En cuanto al acceso efectivo a la información, los indicadores muestran señales mixtas. Tras un crecimiento sostenido en las solicitudes entre 2020 y 2024 —cuando se superó el millón anual—, en 2025 se registró una caída del 20%, con poco menos de 800 mil solicitudes. Aunque factores como el uso de herramientas digitales pueden influir, la disminución coincide con la transición institucional y las fallas reportadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha presentado intermitencias y menor rendimiento desde su reestructura.

En materia de recursos de revisión, Transparencia para el Pueblo atendió poco menos de seis mil casos hasta octubre de 2025, una cifra limitada frente al promedio anual previo. Además, cerca de 17% de las quejas fueron desechadas. La falta of información pública por parte de otras autoridades garantes impide evaluar con precisión el desempeño global del sistema, particularmente en lo referente a datos personales.

Otro de los pendientes es la cercanía con la ciudadanía. Si bien uno de los argumentos para desaparecer al INAI fue su bajo nivel de conocimiento público —en 2019, apenas 54.8% de la población sabía de su existencia, según el INEGI—, hasta ahora no se observan estrategias claras del nuevo modelo para revertir esa brecha. Tampoco se ha desarrollado una política integral que facilite el acceso a la información para poblaciones vulnerables, pese a que la reforma introdujo el concepto de “transparencia con sentido social”.

A diferencia de iniciativas previas como el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI), no existe aún un programa equivalente que articule esfuerzos a nivel nacional.

En conjunto, los primeros resultados del nuevo sistema reflejan un cumplimiento parcial de sus objetivos. La reducción del gasto y del aparato burocrático es tangible, pero persisten problemas estructurales: fragmentación institucional, falta de coordinación, rezagos normativos en los estados y ausencia de políticas de acceso incluyentes.

A un año de su implementación, el modelo de transparencia en México transita entre la austeridad y la incertidumbre, sin haber alcanzado todavía las condiciones mínimas de operación que permitan evaluar su efectividad en la garantía de derechos.

*Imagen ilustrativa.