Colima, a pesar de sus características geográficas, es uno de los estados que recibe un número considerable de migrantes internos, es decir, de otros estados del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que entre 2015 y 2020, llegaron a vivir 35,221 personas a Colima, de las cuales, el 35% provienen de Jalisco, el 14% de Michoacán de Ocampo, 10% de Guerrero, 5% de Ciudad de México, 5% del Estado de México y el resto en menor medida de diversas entidades, siendo la causa principal: la búsqueda de empleo, particularmente en actividades del campo.
En lo que respecta a la educación, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) señala que Colima es uno de los estados con mayores índices de migrantes jornaleros al igual que Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Zacatecas.
Dichas entidades, ofrecen escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) para la población infantil agrícola migrante, de tipo multigrado el 100% de ellas en primaria y secundaria, y el 58% en preescolar. El gran reto que estriba en este tipo de oferta educativa es que las niñas y los niños tienen diversas culturas y lenguas, lo que hace muy complicada la intervención educativa de la planta docente.
Las escuelas para migrantes tienen las siguientes características: 86% cuentan con electricidad, 77% no tienen agua potable, 69% tienen servicio para lavado de manos, 87% disponen de sanitarios, pero solamente el 64% tienen baños independientes para niños y niñas, el 25% tienen computadoras para uso académico, pero solamente el 5% cuentan con servicio de Internet, datos preocupantes.
De los estudiantes que asisten a escuelas migrantes, en preescolar el 50% son mujeres, en primaria el 54% son hombres y en secundaria el 49% son mujeres.
La situación que se presenta en el artículo, evidencia que existen áreas de oportunidad notables en las escuelas para niños y niñas migrantes; es de importancia que las autoridades municipales, estatales y federales revisen las estadísticas, diseñar políticas públicas que abonen al cumplimiento del artículo tercero constitucional.
Sin embargo, el problema no es solamente educativo, por lo que se deben mejorar las condiciones de trabajo de los padres y madres de familia que muchas veces son contratados en la informalidad, sin contrato, solamente de palabra y sin ninguna seguridad social que les ampare. Otra asignatura pendiente es la desigualdad económica, puesto que las personas migrantes que se dedican a la jornalería, son quienes reciben un salario totalmente desproporcionado con respecto a su actividad laboral y la importancia que esta tiene para la economía nacional. Revalorizar la importancia de quienes trabajan en el campo es una tarea inmediata, pero no solamente en el discurso, sino en acciones contundentes que sea vea reflejada en mayores ingresos, acceso a servicios básicos en los que se incluye la educación para los infantes.
Vale la pena realizar una inversión generosa a las escuelas para dotarles de servicios básicos, revisar (e incrementar) el salario de los profesores y profesoras de infantes migrantes. La deuda sigue y seguirá creciendo sino se atiende con seriedad, eficiencia, sensibilidad y prontitud, que hace mucha falta.