Desde 2017 policías denunciaron retención del 30% del aguinaldo por concepto de ISR en el gobierno de Peralta

Colima, México, Avanzada (13/04/2022).- Desde 2017 los policías estatales y jubilados encabezaron una protesta en el Complejo Administrativo porque el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez les  había retenido entre el 15 y el 30 por ciento del aguinaldo bajo el argumento de que era el pago que correspondía por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El 14 de diciembre de 2017 y con pancartas en mano, los policías expusieron que no había justificación para que el gobierno estatal hubiera gravado el aguinaldo y señalaron que no habían recibido ninguna respuesta satisfactoria del entonces gobernador, Ignacio Peralta y el secretario de Planeación y Finanzas del gobierno, Carlos Arturo Noriega García, actual diputado del PRI.

Ese 14 de diciembre de 2017 y a unas horas de haber recibido la prestación, los policías elaboraron pancartas en las que se leía que haber gravado con un 30 por ciento el aguinaldo era “un robo para las familias”.

Las movilizaciones de ese año fueron encabezadas por el policía tercero Juan Nazario Alfaro Palacios, presidente de la organización Seguridad y Dignificación Policial de Colima, y María de los Ángeles Sánchez Aguirre, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado, quienes fueron recibidos por separado por funcionarios de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

Los policías señalaron que el gobierno del Estado había actuado con “alevosía y ventaja en perjuicio de los trabajadores. El gobierno no hace nada por beneficiar a sus policías, pero sí hace todo para perjudicar con gravámenes excesivos”.

Por su parte, el entonces director de Administración Hamin Legaspi Soto justificó el hecho y dijo que el ISR era un impuesto federal que el gobierno del Estado estaba obligado por ley a retenerlo, como lo hace cualquier patrón y entregarlo en un 100% al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, este lunes AVANZADA reveló que durante el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez se contrató a una empresa para que recuperara ante el SAT el dinero que les retenía a los trabajadores de gobierno por concepto de ISR. Sin embargo, el monto de los recursos recuperados y el destino de los mismos no fueron transparentados por la administración anterior.