EDITORIAL. La doble cara de Morena ante renta de patrullas

Poco más de 200 kilómetros de distancia —el trayecto de Colima a Guadalajara—, es suficiente para que servidores públicos surgidos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) muestren caras distintas, diametralmente opuestas, frente a un fenómeno controversial, como es la renta de vehículos por parte de los gobiernos para utilizarlos como patrullas dedicadas al cuidado de la seguridad pública.

En la Perla de Occidente, gobernada a nivel municipal por el partido Movimiento Ciudadano, el ayuntamiento encabezado por Pablo Lemus Navarro adjudicó un contrato por 762 millones pesos a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S. A. de C.V. para arrendar durante tres años un total de 763 vehículos, incluidas 290 patrullas.

El proceso fue impugnado por otra empresa participante en el concurso de licitación por considerar que hubo irregularidades, a la vez que la fracción de Morena en el Cabildo denunció que los vehículos fueron rentados a un sobreprecio de 332 millones de pesos, mientras que otra empresa ofrecía un precio 40 por ciento menor, pero se desechó su propuesta.

Semanas después, de acuerdo con la agencia Apro, la fracción de Morena en Guadalajara pidió rescindir el contrato de arrendamiento por 792 millones de pesos con Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V. al incumplir con la entrega de patrullas y otros aditamentos, dado que el pasado 31 de marzo la empresa debió llevar a la comisaría tapatía 303 patrullas, 20 autos eléctricos, 75 motocicletas, 40 scooters y 300 bicicletas con sus respectivos cascos y tenis, pero incumplió.

Un día antes, el Comité de Adquisiciones de Guadalajara había avalado una modificación el contrato para que la empresa suministre los vehículos y equipos faltantes en parcialidades a más tardar el 30 de junio. Además, el comité le permitió no entregar patrullas marca Ford, sino Chrysler cuando previo a la adjudicación los concursantes preguntaron si podía ofertar otra marca y la respuesta fue no.

Según la regidora de Morena Mariana Fernández la empresa incumplió con el 92% del contrato, por lo que pidió que se aplique el artículo 85 de la Ley de Compras del Estado de Jalisco, que establece que en caso de incumplimiento del proveedor se podrá rescindir el contrato.

Antes, el regidor morenista de Guadalajara Carlos Lomelí informó que presentó una denuncia ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara por presuntas irregularidades en la adjudicación en el contrato por 762.2 millones de pesos a la arrendadora Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V.

De acuerdo con el regidor, el gobierno del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, cometió desacato, puesto que existía una suspensión emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa que prohibía se dictara el fallo de la licitación ante presuntas irregularidades en el proceso.

Sin embargo, a poco más de dos semanas del inicio de su gobierno, el 1 de noviembre de 2021, la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno Silva, dio a conocer que se entregarían más de 150 patrullas a municipios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), adquiridas mediante un esquema de arrendamiento financiero.

No obstante, la mandataria no proporcionó más detalles al respecto y su gobierno no cumplió la legislación estatal en materia de transparencia al no difundir de oficio la documentación, incluido el contrato, relacionada con la decisión de seleccionar esa empresa, cuyo nombre oficialmente se desconoce, y el monto del contrato, que se mantiene en secreto, que por una filtración del documento se descubrió que eran cerca de 300 millones de pesos.

Por lo anterior, hubo cuestionamientos en Colima sobre la conveniencia o no de rentar un vehículo por tres años o de comprarlo definitivamente.

Ante la opacidad manifiesta del gobierno de Indira Vizcaíno sobre ese tema, la fracción de Morena en el Congreso del Estado no se ha pronunciado ni siquiera para pedir que se investigue el asunto, menos aún para solicitar una revisión de otros aspectos del procedimiento.

También los regidores de Morena en los municipios se han quedado callados, sin que se sepa si es porque consideran que todo está claro o porque jamás cuestionarían posibles anomalías cometidas por una mandataria surgida de su mismo partido.

Lo que no deja de llamar la atención es la doble cara de los servidores públicos de Morena que, al igual que el viejo PRI, ven o dejan de ver situaciones conforme a su conveniencia.