Colima, México, Avanzada (01/10/2026).— Ocho años después de la entrada en vigor de la legislación con la que se buscaba simplificar trámites y mejorar las regulaciones gubernamentales, el Gobierno de Colima reconoció que el modelo adoptado aumentó la burocracia en la revisión de las normas y no logró desplazar el uso del papel ni los trámites presenciales.
Ante ese diagnóstico, el pasado 18 de septiembre, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva solicitó al Congreso del Estado reformar el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con la finalidad de avanzar hacia un modelo de simplificación administrativa y reducir la tramitología.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal reconoce que el esquema aplicado para mejorar las regulaciones terminó por complicar su propia revisión, mientras que el uso de la tecnología quedó relegado a una función complementaria.
La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios fue publicada el 29 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial El Estado de Colima. Su propósito era establecer las bases de esa política en las administraciones estatal y municipales, en concordancia con la legislación nacional vigente en aquel momento.
Sin embargo, en la iniciativa enviada al Congreso, Vizcaíno Silva señala que el diseño de la Ley General de Mejora Regulatoria se concentró en el análisis de impacto regulatorio y en la calidad de las normas mediante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Ese mecanismo, de acuerdo con el propio diagnóstico oficial, terminó por generar nuevas cargas burocráticas.
“En la práctica, esto derivó en un aumento en la burocracia de la propia revisión regulatoria”, sostiene la iniciativa de reforma constitucional que se encuentra en el Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
El documento también reconoce que la legislación concebía la tecnología únicamente como un canal accesorio, por lo que “los expedientes físicos y la presencialidad siguieron siendo la regla en la mayoría de los niveles gubernamentales”.
Esto significó que, pese al propósito de simplificación, continuaron como prácticas habituales la entrega de documentos en papel, la integración de expedientes físicos y la necesidad de acudir personalmente a oficinas gubernamentales para realizar diversos procedimientos.
Aunque el Ejecutivo estatal reconoce avances derivados del esquema de mejora regulatoria, también admite que su diseño resultó insuficiente para modificar de fondo esas prácticas.
Así, ocho años después de la publicación de la ley que pretendía mejorar y simplificar las regulaciones gubernamentales, el propio Gobierno de Colima reconoce que el modelo incrementó la burocracia asociada a su revisión y mantuvo procedimientos basados en documentos físicos y atención presencial.