Un penal sangriento

Colima, México, Avanzada (26/01/2022).- La violencia en Colima se respira en todas partes y las cárceles no son la excepción. Desde el 2018, la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) alertó que en los reclusorios colimenses había un autogobierno impuesto por los reos ligados a cárteles del narcotráfico.

Ayer, el gobierno de Colima confirmó el asesinato de nueve reclusos y siete más heridos, tras el primer motín en el gobierno de Indira Vizcaíno Silva.

Según la información oficial, las detonaciones comenzaron a las 9:03 horas, pero los elementos de seguridad pudieron ingresar hasta las 10:00 horas y una vez que lo hicieron, localizaron en los dormitorios los cuerpos sin vida de siete internos.

Apenas el 22 de enero del 2020 en el Cereso capitalino la autoridad encontró un reo colgado en una de las celdas. No se emitió más información al respecto.

El 29 de octubre de 2019, los custodios localizaron los cuerpos sin vida y semienterrados de dos reclusos que estaban privados de su libertad por delitos contra la salud.

Además, el 14 de octubre del año pasado, el director del Cereso capitalino Román Buenrostro, fue asesinado junto con su escolta. En el ataque también resultó lesionada por arma de fuego la esposa del funcionario público. Los hechos se registraron al interior de la vivienda del director Román Buenrostro hasta donde ingresó un grupo de personas armadas.

EL INFORME DE LA CNDH

Ante los hechos violentos que se han registrado en los penales de la entidad, en 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó sobre un auto gobierno impuesto por personas que están privadas de la libertad, así como extorsiones, sobornos y la presencia de actividades ilícitas.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 que elaboró la CNDH se documentó que en el Cereso capitalino faltaba personal de seguridad y custodia, además, se encontraron deficiencias en el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias y ejercicios de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad, así como extorsiones y sobornos.

De igual forma, la CNDH consideró que existían deficiencias en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Documentó la inexistencia o deficiencia de medidas de higiene en la cocina, comedores, área médica, áreas exteriores y alimentación deficiente.