BANOBRAS sabía del mal uso del crédito para comprar la XX Zona Militar pero no lo canceló

Colima, México, Avanzada (21/12/2021).- Desde septiembre de 2019, el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) sabía que el crédito por 410 millones de pesos que le había otorgado al gobierno de Ignacio Peralta Sánchez el 27 de noviembre de 2018 para financiar la compra de los terrenos de la XX Zona Militar y la construcción de dos clínicas neonatales, no cumplía con las cláusulas del contrato, pero no promovió su cancelación.

El contrato que signó el entonces gobernador, Ignacio Peralta Sánchez con Banobras el 27 de noviembre de 2018 establece en su cláusula segunda que el acreditado (gobierno del Estado) “se obliga a destinar el importe del crédito, precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor agregado que en su caso corresponda, el costo de las inversiones públicas productivas que recaen en los campos de atención de Banobras, previstas en el programa de inversión estatal y en la autorización del Congreso, para los siguientes fines, entre otros:

“Hasta $150´000,000 para seguridad pública: la Construcción  del Centro de Coordinación y Comando, Control y Comunicación y Cómputo (C5) en la ciudad de Colima”.

“Hasta $200’000,000 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) para la adquisición por parte del Estado de Colima de tierras, terrenos y/o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la ciudad de Colima”.

“Hasta 60´000,000 para salud: a) Construcción de una Unidad de cuidados intensivos neonatales en el municipio de Manzanillo…”.

Mientras que la cláusula décimo tercera del contrato –del cual tiene una copia AVANZADA- menciona  que “en caso de que el acreditado incurra en alguno de los supuestos de eventos de incumplimiento, Banobras podrá anticipar el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al acreditado el pago total de lo que adeude por concepto de capital, intereses normales, moratorios y demás accesorios financieros”.

En tanto, la cláusula quinta en su inciso a) advierte que el periodo de disposición concluirá anticipadamente “si el crédito se destina a fines distintos a los pactados”.

No obstante las cláusulas anteriores, Banobras no canceló el crédito ni exigió el pago total del adeudo a la administración de Peralta Sánchez a pesar de que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) determinó desde septiembre de 2019 que el gobierno del Estado había destinado el dinero para otro fin que el autorizado por los diputados locales y por lo tanto, señaló que la administración estatal violentó la Constitución Federal, la Constitución local y la Ley de Disciplina Financiera.