La cloaca de los aguinaldos

Editorial.

Bastó que el gobierno federal se negara a otorgar apoyo financiero extraordinario de fin de año al gobierno estatal para destapar una cloaca de probable desaseo y corrupción en el manejo de los recursos públicos, de donde lo menos que puede presumirse es la existencia de desvío de recursos o, peor aún, peculado.

La gran pregunta que deben responder tanto el gobierno del estado como aquellos municipios y organismos descentralizados y autónomos que se quejaron de la falta de recursos para el pago de aguinaldos a sus trabajadores es ¿qué hicieron con una partida que por toda lógica debe estar considerada en el presupuesto desde principios de año? Si la desviaron hacia otros gastos, ello ya implica una responsabilidad legal, y si fue a parar a los bolsillos de funcionarios, sería un delito mayor que debe ser castigado.

En primera instancia, tan sólo el hecho de que se esté dando este faltante para el pago de aguinaldos debe ser motivo para que los órganos de fiscalización abran una investigación de oficio, con el propósito de esclarecer lo que ha ocurrido con el manejo del presupuesto.

De acuerdo con el propio gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, el boquete financiero exhibido por las carencias para el pago de aguinaldos de la administración pública de Colima fue de 600 millones de pesos, incluidos el Poder Ejecutivo, organismos autónomos y algunos ayuntamientos.

De los anteriores, más de 300 millones de pesos correspondieron al gobierno de Peralta, que terminó resolviéndolo con otro endeudamiento para el pueblo de Colima, mientras que ante la falta de apoyo de la Federación las otras instancias continuaban hasta este día con la dificultad de resolver esa situación.

Fueron pocos los casos de instituciones que por sí solas pudieron salir adelante con sus obligaciones de fin de año y desde antes pagaron los aguinaldos a sus trabajadores, como fue el caso del Ayuntamiento de Manzanillo, uno de los escasos ejemplos de sano manejo administrativo.

En realidad, el asunto de la volatización de los recursos de los aguinaldos en una de las evidencias más claras y visibles de que algo anda mal en el manejo de los recursos del erario por parte de nuestros servidores públicos. No es un asunto que debamos dejar pasar así. Se requiere claridad y explicaciones convincentes sobre lo que está pasando. Si estos casos ocurren de manera abierta, qué podemos esperar con el uso de nuestros impuestos en obras y proyectos que se desarrollan en la opacidad, donde nadie reclama y pueden los funcionarios disponer del presupuesto a su libre arbitrio.

Estamos en otros tiempos, en los que se requiere que los ciudadanos asuman un mayor control del manejo de la vida pública, haciéndoles ver a los servidores públicos que son eso: servidores, y que se encuentran bajo la vigilancia de la lupa ciudadana. Sólo así será posible avanzar hacia un pleno desarrollo de la democracia, donde quienes manejan los recursos públicos se encuentren siempre obligados a una escrupulosa y estricta rendición de cuentas.