Sheinbaum acusa red de contratos electorales por más de 2,740 millones de pesos

La presidenta señaló que empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos con organismos electorales de 23 estados entre 2015 y 2023. El Gobierno federal relacionó a integrantes de esta red empresarial con personajes cercanos a Lorenzo Córdova y al partido SOMOS, aunque las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

México, Avanzada (05/11/2026).— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció la existencia de una presunta red de colusión en las contrataciones de materiales electorales, integrada por empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, que obtuvo contratos por al menos 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025 con organismos electorales estatales, según una investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que este esquema comenzó a formarse décadas atrás y se fortaleció durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello en el Instituto Nacional Electoral (INE), entre 2014 y 2023. También vinculó políticamente a personas relacionadas con los empresarios con el partido SOMOS, en el que participan antiguos funcionarios electorales. Sin embargo, los señalamientos presentados por el Ejecutivo no constituyen, por sí mismos, una resolución administrativa o judicial que acredite actos de corrupción.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que los antecedentes de esta red empresarial se remontan a la década de 1980, cuando José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaron en dependencias federales relacionadas con el Registro Nacional de Población y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Según la funcionaria, ambos desarrollaron posteriormente actividades empresariales relacionadas con el suministro de materiales electorales, mediante compañías como Cartonera Plástica y Formas Finas Fernando Fernández.

De acuerdo con la información gubernamental, Cartonera Plástica obtuvo en 2005 un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México, en un periodo marcado por denuncias de irregularidades y presuntos sobornos. Posteriormente, entre 2012 y 2013, las empresas ampliaron su participación en contrataciones de organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

Buenrostro precisó que, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los Hernández Casillas. Después de que Guadalupe Taddei Zavala asumió la presidencia del INE, en 2023, las mismas compañías consiguieron contratos por otros 646.3 millones de pesos entre 2024 y 2025, esta vez con organismos electorales de 15 entidades federativas.

Sheinbaum también señaló vínculos entre Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo funcionario federal relacionado con los hermanos Hernández Casillas, y el partido SOMOS, donde participan Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova. La presidenta calificó el esquema como una “mafia electoral” y sostuvo que deben investigarse las contrataciones independientemente de quién haya encabezado el INE.

La mandataria anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México y ampliar la participación de dependencias gubernamentales e instituciones académicas en su Consejo de Administración, además de incorporar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como observadora. La intención es que esta empresa estatal fabrique los materiales electorales que correspondan a su capacidad, mientras otros insumos sean adquiridos a proveedores mexicanos. Buenrostro indicó que corresponderá a las instancias fiscalizadoras determinar posibles irregularidades y, en su caso, promover las sanciones o denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades competentes.

Como antecedente, Lorenzo Córdova ha rechazado tener vínculos indebidos con los empresarios señalados y aseguró que durante su administración los contratos directos con sus compañías fueron de montos menores. También sostuvo que su gestión fue fiscalizada y que no se acreditaron irregularidades que comprometieran su actuación.