Proceso documenta rechazo social y riesgos ambientales del megapuerto en Cuyutlán

En un reportaje titulado “Megapuerto en Cuyutlán, el agravio acumulado”, el periodista Pedro Zamora Briseño expone en la revista Proceso las inconformidades de pescadores, salineros y organizaciones ambientalistas ante el proyecto portuario impulsado por el gobierno federal, así como las deficiencias que especialistas señalan en los estudios ambientales.

Colima, México, Avanzada (03/11/2026).— La construcción del nuevo puerto de Manzanillo, proyectado en la laguna de Cuyutlán, enfrenta el rechazo de pescadores, salineros y organizaciones ambientalistas que advierten posibles daños irreversibles al ecosistema y denuncian que sus actividades económicas y formas de vida están amenazadas por una obra promovida desde el gobierno federal.

En un reportaje publicado en la edición de noviembre de 2026 de la revista Proceso, titulado “Megapuerto en Cuyutlán, el agravio acumulado”, el periodista Pedro Zamora Briseño documenta la oposición de las comunidades y las controversias alrededor de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, promovido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo. La investigación recoge testimonios de habitantes, representantes de organizaciones civiles y especialistas que cuestionan la viabilidad ambiental de la infraestructura.

Entre los principales señalamientos destaca que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desechó el 30 de abril de 2025 una primera solicitud de autorización ambiental, debido a deficiencias en la evaluación presentada. Sin embargo, el 8 de agosto del mismo año fue ingresada una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, que continuó su procedimiento de revisión. El reportaje señala que, durante una reunión pública de información celebrada en Manzanillo el 2 de octubre de 2025, la mayoría de los asistentes se pronunció contra la aprobación del nuevo puerto.

La investigación también recoge las advertencias sobre los efectos que tendría la construcción en uno de los sistemas lagunares más importantes del Pacífico mexicano. La laguna de Cuyutlán cuenta con una superficie acuática aproximada de 8 mil 200 hectáreas y alberga extensiones de manglar, además de funcionar como hábitat de numerosas especies de aves, peces y otros organismos. Por su importancia ecológica, está reconocida internacionalmente como sitio Ramsar, condición que obliga a prestar especial atención a la conservación de sus humedales.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo de Zamora Briseño es la exposición de las contradicciones técnicas señaladas por especialistas. El reportaje cita al consultor ambiental Daniel Ramírez Arce, quien advierte que la evaluación presentada no contempla suficientemente los impactos acumulativos sobre la laguna ni desarrolla un análisis adecuado de las afectaciones a la salud pública, la calidad del aire, la pesca y las actividades productivas. También recoge los cuestionamientos del ambientalista Eduardo Mosqueda Sánchez sobre las condiciones en que se pretende realizar el proyecto y las posibles consecuencias para las comunidades.

El trabajo periodístico incorpora la postura del colectivo Salvemos Cuyutlán, cuyos integrantes sostienen que la infraestructura portuaria podría transformar de manera irreversible el ecosistema lagunar. Asimismo, documenta la inconformidad de pescadores que dependen de la laguna para su subsistencia y que temen perder sus fuentes de ingresos. Frente a estos señalamientos, el gobierno federal sostiene que la ampliación portuaria es necesaria para fortalecer el comercio exterior y ampliar la capacidad logística del país, mientras las organizaciones opositoras demandan que las autoridades atiendan las observaciones ambientales y sociales antes de autorizar la obra.

El reportaje aborda además las críticas dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la continuidad del proyecto. Representantes de organizaciones ambientalistas consideran que la mandataria ha recibido información insuficiente sobre los riesgos ecológicos y sociales de la construcción. La controversia ocurre mientras las autoridades federales mantienen al nuevo puerto de Manzanillo entre sus proyectos estratégicos de infraestructura, con una inversión anunciada de miles de millones de pesos. La investigación de Proceso coloca en el centro del debate una pregunta sobre el desarrollo portuario: cuáles serán sus consecuencias para las comunidades que históricamente han dependido de la laguna de Cuyutlán.

Instalaciones federales en la laguna de Cuyutlán, Manzanillo, donde el gobierno federal proyecta construir un nuevo megapuerto. Pescadores, salineros y organizaciones ambientalistas advierten sobre los posibles daños al ecosistema y a sus medios de subsistencia. Fotografía: Tomada de la revista Proceso, edición de noviembre de 2026.