Otra vez Colima: ASF detecta pagos a fallecidos, políticos y comisionados del SNTE en nómina educativa

La Auditoría Superior de la Federación observó posibles irregularidades por 25.1 millones de pesos en la nómina educativa de Colima durante 2025. Entre los señalamientos destacan pagos a 32 trabajadores que realizaron actividades sindicales, 20 personas fallecidas y cinco empleados que ocuparon cargos de elección popular. El Gobierno estatal sostiene que las observaciones no constituyen un daño definitivo al erario.

Colima, México, Avanzada (05/11/2026).— En la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades por 25 millones 143 mil pesos en la nómina educativa de Colima, relacionadas con pagos a trabajadores fallecidos, comisionados sindicales, personas que ocuparon cargos de elección popular y empleados con licencia sin goce de sueldo, entre otros conceptos.

Los recursos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ejercidos durante la administración de Indira Vizcaíno Silva. La mayor observación asciende a 19 millones 317 mil 474 pesos, pagados a 32 trabajadores que desempeñaron actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La revisión también identificó pagos por un millón 771 mil 536 pesos a cinco trabajadores que ocuparon cargos de elección popular, sin que se acreditara que realizaron funciones vinculadas con la educación, así como un millón 450 mil pesos correspondientes a 20 trabajadores fallecidos.

A estos señalamientos se suman un millón 235 mil 847 pesos pagados a seis trabajadores con plazas en centros laborales cuyas ubicaciones resultaron geográficamente incompatibles; un millón 229 mil 419 pesos destinados a diez empleados con licencia sin goce de sueldo, y 138 mil 159 pesos entregados a nueve personas después de su baja de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. Los importes forman parte de las observaciones de fiscalización y están sujetos a los procedimientos de aclaración y solventación correspondientes.

No es la primera vez que los recursos educativos de Colima son objeto de señalamientos de la ASF. Durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno se documentaron irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), antecedente del FONE. En diciembre de 2016, AVANZADA informó sobre observaciones por 420 millones 430 mil 600 pesos y una denuncia penal, relacionadas con recursos educativos utilizados para cubrir pagos a personal en situación irregular, deudas correspondientes a otras partidas y acuerdos sindicales.

Durante el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez también hubo observaciones a la nómina educativa. En la auditoría 780 de la Cuenta Pública 2018, la ASF mantuvo una observación por probable daño a la Hacienda Pública Federal de 12 millones 195 mil 121 pesos con 48 centavos, relacionada con pagos a 155 trabajadores que no fueron localizados en sus centros laborales. Inicialmente se observaron 306 empleados, pero las autoridades presentaron documentación para justificar 151 casos. Sin embargo, con la información revisada para esta nota se desconoce cómo concluyeron los procedimientos de fiscalización de ambas administraciones, qué cantidades fueron solventadas o recuperadas y cuáles derivaron en responsabilidades administrativas o penales.

Respecto de los resultados más recientes, la contralora general del estado, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, sostuvo en un boletín difundido el 3 de noviembre que los importes observados por la ASF no representan un daño definitivo al erario y que serán atendidos mediante los procedimientos de aclaración y solventación. Informó que, en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, se revisaron nueve programas y fondos federales por 9 mil 299 millones 838 mil 887 pesos con 42 centavos, de los cuales se observaron 26 millones 637 mil 592 pesos con 93 centavos, equivalentes al 0.29 por ciento del universo fiscalizado.

Uribe Alvarado destacó que el 99.71 por ciento de los recursos fiscalizados no presentó observaciones monetarias y consideró que los resultados reflejan el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas. Precisó que, una vez recibida la notificación, la Contraloría dispone de 30 días hábiles para entregar documentación justificativa y comprobatoria. No obstante, las observaciones sobre la nómina educativa permanecen sujetas a aclaración, por lo que será necesario conocer las determinaciones posteriores de la ASF para establecer si los recursos fueron debidamente justificados, recuperados o si existen responsabilidades por su ejercicio.