Colima, México, Avanzada (04/06/2026).- Con el argumento de que las penas vigentes no han logrado contener la incidencia delictiva que registra el estado desde hace varios años, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal que endurece las sanciones para delitos como homicidio, violación, lesiones graves, violencia familiar y robo de vehículos, además de crear el delito de apología del delito y fortalecer el combate contra el llamado “halconeo”.
La propuesta, enviada por la institución encabezada por el fiscal Bryant Alejandro García Ramírez, se sustenta en un análisis de las denuncias registradas entre 2018 y 2025. Según la Fiscalía, delitos como homicidio doloso, violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones, fraude, robo y daños mantienen una incidencia constante, lo que muestra que las sanciones actuales no han tenido el efecto inhibidor esperado.
Uno de los cambios más drásticos planteados en la iniciativa corresponde al delito de homicidio simple. Actualmente la legislación estatal contempla penas que van de cinco a 15 años de prisión en diversas modalidades, pero, la Fiscalía propone imponer de 15 a 25 años de cárcel y multas de entre 700 y mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien prive de la vida a otra persona cuando el delito no tenga una sanción específica prevista en otro apartado del Código Penal.
Las reformas también alcanzan al delito de lesiones, ya que la iniciativa establece penas de cinco a diez años de prisión cuando las lesiones pongan en peligro la vida de la víctima; de ocho a doce años cuando ocasionen la pérdida de una función u órgano o provoquen una enfermedad incurable; y de doce a quince años cuando generen incapacidad total permanente para trabajar. Cuando las lesiones sean calificadas, las sanciones podrían incrementarse hasta en cinco años más.
En materia de delitos sexuales, la Fiscalía plantea un incremento considerable de las penas por violación. Cuando la víctima sea mayor de edad, la sanción pasaría a ser de 15 a 25 años de prisión. Si la persona afectada tiene entre 14 y menos de 18 años, la pena se elevaría de 20 a 30 años. En casos donde exista parentesco entre agresor y víctima, las sanciones alcanzarían hasta 35 años de cárcel, mientras que cuando la víctima sea menor de 14 años podrían llegar hasta los 40 años de prisión, además de multas de hasta mil 500 UMAs.
La iniciativa también endurece las sanciones por violencia familiar, uno de los delitos con mayor incidencia en Colima. El proyecto señala que actualmente la conducta se castiga con penas de uno a cinco años de prisión; la propuesta eleva el castigo a un rango de entre cinco y nueve años, además de multas de entre 50 y 100 UMAs para quienes ejerzan violencia física, psicológica o moral contra integrantes de su familia.
Otro de los delitos que sufrirían modificaciones es el incumplimiento de obligaciones alimentarias, en este aspecto la Fiscalía propone imponer de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta 100 UMAs a quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias a hijos, cónyuges, concubinas, adultos mayores o personas incapaces de valerse por sí mismas.
En el caso de los delitos patrimoniales, la iniciativa aumenta las penas para el robo de vehículos: la propuesta establece sanciones de ocho a veinte años de prisión y multas de entre mil y mil 500 UMAs para quien se apodere de un vehículo automotor sin autorización de su propietario. Asimismo, plantea castigar con penas de seis a quince años de cárcel el robo de metales o fibra óptica utilizados en instalaciones eléctricas, hidráulicas, de telecomunicaciones o servicios públicos estratégicos.
También propone la creación del delito de apología del delito mediante el nuevo artículo 246 Bis. La propuesta busca sancionar a quien públicamente provoque la comisión de un delito o exalte, justifique o promueva actividades ilícitas; cuando la conducta no derive en la comisión de un delito, la sanción consistiría en entre 10 y 180 jornadas de trabajo comunitario y multas de 20 a 200 UMAs.
No obstante, si la provocación tiene consecuencias y alguien comete un delito derivado de esas expresiones, el responsable podría ser castigado como partícipe del hecho ilícito. La iniciativa también establece que cuando la apología esté dirigida contra policías, ministerios públicos, jueces o integrantes de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, la sanción se incrementará en una tercera parte.
La Fiscalía también pretende fortalecer el combate contra las actividades de vigilancia e inteligencia utilizadas por grupos criminales con ocho a doce años de prisión para quienes obtengan, transmitan o compartan información sobre operativos, estrategias o actividades de instituciones de seguridad pública con el propósito de facilitar la comisión de delitos o entorpecer la actuación de las autoridades.
En los casos en que estas conductas sean realizadas por policías, exintegrantes de corporaciones de seguridad o personal vinculado a labores de custodia, las penas podrían aumentar hasta un rango de diez a quince años de prisión. Además, se sancionaría con entre cinco y siete años de cárcel a quienes vigilen, rastreen o informen injustificadamente sobre recorridos, operativos o movimientos de corporaciones policiacas, ministeriales, militares o de la Guardia Nacional.
La propuesta será analizada por las comisiones legislativas del Congreso del Estada, aunque la Fiscalía sostiene que el endurecimiento de penas permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de justicia y generar un mayor efecto disuasorio.
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