Diputados aprobaron Ley de Salud Mental, pero sin presupuesto mínimo garantizado

Colima, México, Avanzada (23/09/2026).— El Congreso de Colima aprobó una nueva Ley de Salud Mental y Adicciones que ordena ampliar la atención en centros de salud, hospitales, escuelas y comunidades, pero dejó su aplicación sujeta a la disponibilidad de recursos. Durante el análisis legislativo se retiró una propuesta que planteaba destinarle al menos el 3 por ciento del presupuesto estatal asignado al sector salud.

Así se establece en la página 48 del dictamen 95, donde los legisladores explican que eliminaron la asignación del 3 por ciento del presupuesto destinado a salud debido a que la aplicación de la ley se realizará de manera progresiva y conforme a la suficiencia presupuestaria.

La ley dispone acercar la atención a las personas mediante módulos comunitarios, brigadas móviles y servicios en el primer nivel de atención. Los módulos ofrecerán orientación y atención individual, familiar y grupal; las brigadas podrán acudir a domicilios, escuelas, albergues y comunidades rurales. También se prevén redes de apoyo entre personas usuarias y espacios temporales para quienes egresen de una hospitalización y carezcan de apoyo familiar suficiente, conforme a los artículos 35 al 38.

En los hospitales generales, la norma ordena integrar equipos de salud mental en urgencias, consulta externa y hospitalización. También establece protocolos para atender crisis psicosociales, riesgo suicida y problemas relacionados con el consumo de sustancias. La hospitalización se plantea como una medida extraordinaria y breve, acompañada de un plan de egreso y seguimiento comunitario, de acuerdo con los artículos 39 al 42.

Para las escuelas, los artículos 79 al 83 establecen acciones de detección temprana y prevención del suicidio, la violencia y las adicciones; protocolos de atención para estudiantes en riesgo; capacitación del personal, y rutas para canalizar los casos a servicios especializados. En situaciones de crisis fuera de los hospitales, la ley prevé activar la atención mediante el 911, enlazado al Centro de Psicoorientación Telefónica, y movilizar equipos comunitarios para intervenir en el lugar, según el artículo 46.

Estas obligaciones requerirán personal, capacitación, traslados, infraestructura e insumos. Incluso, el artículo 169 ordena que el financiamiento sea progresivo y contemple esos rubros, pero lo condiciona a la “disponibilidad presupuestaria”. A su vez, el séptimo transitorio establece que la Secretaría de Salud instrumentará las acciones correspondientes a 2026 de acuerdo con la suficiencia presupuestal que tenga asignada.

El dictamen señala que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración emitió una opinión positiva de impacto presupuestal mediante el oficio SPFYA/1044/2026, fechado el 3 de septiembre. Sin embargo, el documento aprobado no presenta un desglose público del costo de los módulos, las brigadas, los equipos hospitalarios o la capacitación escolar. Una opinión favorable tampoco constituye, por sí misma, una partida presupuestal autorizada.

La legislación fija además plazos para elaborar un programa de formación profesional, adecuar reglamentos y publicar un protocolo de intervención en crisis. La nueva Ley de Salud Mental y Adicciones entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

*Imagen ilustrativa creada con inteligencia artificial a partir de una fotografía de referencia; la escenografía y composición fueron modificadas digitalmente.