Dan la espalda a víctimas en Colima

Colima, México, Avanzada (02/03/2026).- En una entidad afectada por bloqueos, incendios de vehículos y daños a comercios derivados de la violencia del crimen organizado, la mayoría de los diputados locales rechazó respaldar un exhorto para agilizar y fortalecer el apoyo a víctimas por afectaciones patrimoniales.

La propuesta, presentada por los diputados José Israel González Mendoza y María Cristina Lupién Ventura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, planteaba llamar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Colima a simplificar trámites, reducir tiempos de respuesta y garantizar apoyos inmediatos a personas afectadas por hechos relacionados con la delincuencia organizada.

El punto de acuerdo también incluía un exhorto a la autoridad estatal en materia financiera para evaluar y, en su caso, fortalecer el presupuesto destinado al fondo de atención a víctimas, a fin de asegurar recursos suficientes para atender daños patrimoniales provocados por bloqueos, incendios o enfrentamientos.

Sin embargo, la mayoría legislativa, encabezada por legisladores de Morena, PT y PVEM; decidió no acompañar la iniciativa, pese a que el propio documento reconoce que las víctimas no sólo enfrentan el riesgo a su integridad, sino pérdidas económicas que, en muchos casos, resultan imposibles de solventar sin respaldo institucional.

La propuesta advertía que, aunque la Ley General de Víctimas contempla la entrega de Recursos de Ayuda con cargo al presupuesto autorizado, en la práctica el acceso es lento, burocrático y desgastante. Las personas afectadas deben repetir testimonios, reunir requisitos complejos y esperar largos periodos para recibir apoyos urgentes, lo que configura una forma de revictimización institucional.

El exhorto hacía referencia a los impactos colaterales derivados de operativos y detenciones de alto perfil, entre ellos los hechos vinculados públicamente a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, a que dejaron daños materiales en viviendas, vehículos y negocios de personas ajenas a los hechos delictivos.

Además de agilizar los procedimientos, el acuerdo proponía que en un plazo no mayor a 60 días se informara al Congreso el número de solicitudes por daños patrimoniales, el tiempo promedio de respuesta, los principales obstáculos detectados y las acciones para prevenir la revictimización.

Con la negativa de la mayoría, el llamado para fortalecer la atención integral y presupuestal a víctimas quedó en el archivo legislativo.