En Colima, el patrimonio público se entrega sin consulta ciudadana

Colima, México, Avanzada (16/02/2026).- Durante distintos sexenios, el Gobierno del Estado de Colima entregó terrenos públicos a asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones religiosas e incluso particulares mediante la figura de desincorporación, un procedimiento que ha permitido convertir bienes del patrimonio estatal en propiedad privada sin consulta a los ciudadanos y con el aval del Congreso local.

Este mecanismo, que en teoría permite destinar predios públicos a fines sociales, ha operado bajo criterios discrecionales y con escaso escrutinio público. A través de decretos aprobados por el Poder Legislativo, administraciones estatales han cedido miles de metros cuadrados que originalmente pertenecían al erario, beneficiando a organizaciones con intereses políticos, sindicales o religiosos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado autorizó desincorporar una fracción de 21 mil 083 metros cuadrados del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez Ponce de León para donarla a la Fundación Teletón, organización ligada a la empresa Televisa. El predio, ubicado entre las avenidas Anastasio Brizuela y Francisco Javier Mina, era utilizado como cancha universitaria.

Este tipo de decisiones no es reciente. El 3 de septiembre de 2021, el Gobierno estatal desincorporó un terreno para entregarlo a la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 39), en la zona industrial de Tapeixtles.

El terreno entregado al sindicato magisterial en Tapeixtles, Manzanillo, tiene una superficie de 6 mil 172 metros cuadrados y, según el decreto, sería destinado a la construcción de espacios recreativos para sus agremiados. La autorización incluyó un plazo de 24 meses para desarrollar las instalaciones. La donación se concretó tras una iniciativa enviada por el entonces gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y aprobada por el Congreso local.

Sin embargo, la relación entre el Gobierno estatal y el SNTE incluye múltiples donaciones. El 5 de enero de 2020 se documentó que el Ejecutivo estatal cedió dos terrenos a las secciones 39 y 6 del sindicato, con una superficie conjunta superior a los 58 mil metros cuadrados y un valor estimado de 30 millones de pesos. Los predios se destinaron a complejos deportivos y recreativos de uso exclusivo para los trabajadores sindicalizados. En el caso de la Sección 39 del SNTE, el terreno donado está en Residencial Tabachines, en Villa de Álvarez; en el caso de la Sección 6 del SNTE, se ubica donde actualmente se encuentra el complejo deportivo rumbo al Chivato, también en Villa de Álvarez.

Las transferencias no han estado limitadas al sector educativo. En 2016, el Gobierno estatal entregó dos terrenos que en conjunto suman casi 2 mil 800 metros cuadrados a la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Los predios, ubicados al noroeste de la capital, junto a instalaciones del Poder Judicial y frente al Complejo Administrativo, fueron cedidos para la construcción de instalaciones sindicales.

Ese mismo año, el 13 de enero de 2016, el Ejecutivo estatal también autorizó la desincorporación de un terreno de mil 778 metros cuadrados en el fraccionamiento Villas del Bosque, en la avenida Anastasio Brizuela, que posteriormente fue donado a la Diócesis de Colima para la construcción de una capilla. El decreto fue publicado en el Periódico Oficial el 13 de agosto de ese año.

LOS TERRENOS A FAVOR DEL PT

Las donaciones también han beneficiado a asociaciones civiles con vínculos políticos. El 3 de mayo de 2008, durante el gobierno de Silverio Cavazos, el Congreso autorizó la desincorporación de dos terrenos en la colonia Villa Izcalli, con una superficie conjunta de 4 mil 800 metros cuadrados, a favor de la asociación civil Tierra y Libertad, ligada al Partido del Trabajo.

Originalmente, esos predios estaban destinados a la construcción de un proyecto educativo impulsado por la Fundación Tato, enfocado en atender a niños con autismo. Sin embargo, el proyecto fue desplazado tras acuerdos políticos entre el entonces gobernador priista y el entonces diputado local del PT, Joel Padilla. En su lugar, la asociación Tierra y Libertad utilizó el terreno para instalar un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), donde actualmente se cobran colegiaturas, pese a que el predio fue entregado gratuitamente por el Estado.

La constante en estos procesos ha sido la intervención del Congreso local, que ha aprobado las desincorporaciones mediante decretos, generalmente bajo el argumento de que los predios serán utilizados para fines sociales, educativos o recreativos. Sin embargo, no existen mecanismos efectivos que garanticen el beneficio colectivo ni sanciones claras en caso de incumplimiento.

En la práctica, la figura de desincorporación ha permitido que bienes públicos pasen al control de organizaciones privadas sin contraprestación económica y sin que los ciudadanos sean consultados sobre el destino de su patrimonio.

A lo largo de casi dos décadas, gobiernos de distintos partidos han recurrido a este mecanismo con el respaldo del Poder Legislativo, consolidando un patrón en el que el patrimonio público ha sido transferido de manera discrecional, beneficiando a sectores específicos mientras el interés colectivo queda relegado.