México, Avanzada (10/02/2026).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a las empresas Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V. para participar, de manera directa o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o en la celebración de contratos con la Administración Pública Federal, tras detectar incumplimientos reiterados en contratos públicos.
En el caso de Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V., la dependencia federal impuso una multa de 791 mil 980 pesos y una inhabilitación por un año y tres meses, luego de que le fueran rescindidos cuatro contratos en un periodo de cuatro meses y 20 días, lo cual resulta sancionable conforme a la ley.
Los contratos rescindidos corresponden a los números C-065-2024, con los Centros de Integración Juvenil, A.C.; 91E-F-A-CORP-007/2024, con el Colegio de la Frontera Sur; CA-300-AD-N-A-PE-027/24, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); y CONANP/021/2024, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Todos ellos tenían como objeto la Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024.
Por su parte, a Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V. se le impuso una multa de 701 mil 468 pesos y una inhabilitación por un año, debido a la rescisión de dos contratos en un plazo de 13 meses y 18 días. El primero, identificado como AA-ADQ-N7AYO-IB01-2023, fue suscrito con los Servicios de Salud del IMSS-BIENESTAR para la Adquisición Sectorizada de Ropa Quirúrgica y Hospitalaria para el Ejercicio Fiscal 2023; el segundo, 91E-F-A-CORP-005/2024, fue celebrado con el Colegio de la Frontera Sur para la Adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024.
La Secretaría informó que las notificaciones de las sanciones se realizaron el 30 de enero de 2026, mientras que su publicación oficial se efectuó este día en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, ambas empresas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
La dependencia federal subrayó que las medidas fueron emitidas conforme a la ley, atendiendo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. No obstante, precisó que las empresas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.