Colima, México, Avanzada (31/12/2025).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió una recomendación dirigida al fiscal general del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, por la dilación injustificada en la investigación de un homicidio ocurrido en febrero de 2021, cuyo esclarecimiento sigue pendiente casi cinco años después, sin que la carpeta haya sido judicializada.
La queja fue presentada por el padre de la víctima, quien denunció la falta de avances reales en la investigación ministerial y la ausencia de una determinación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), a pesar del tiempo transcurrido.
El expediente quedó registrado como CDHEC/042/2021 y, desde su admisión formal el 8 de febrero de 2021, la Comisión comenzó a requerir información y evidencias a la autoridad ministerial.
De acuerdo con la recomendación, la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/HOM1-27/2021 se ha mantenido, durante años, en etapa de investigación inicial, en tanto que informes remitidos por la propia Fiscalía en 2021, 2022 y 2023 confirmaron reiteradamente que el expediente no había sido determinado y que las actuaciones permanecían bajo el argumento de “secrecía”, con base en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, tras realizar diligencias propias, incluida una inspección ocular de la carpeta el 7 de octubre de 2024, la CDHEC concluyó que existió una omisión sistemática del personal ministerial para ordenar e implementar actos de investigación eficaces, oportunos y exhaustivos.
Para esa fecha, ya habían transcurrido casi cuatro años sin una resolución; hoy, el plazo se acerca a los cinco años desde la comisión del homicidio.
El organismo defensor de derechos humanos sostuvo que la Fiscalía no acreditó causas objetivas ni justificaciones válidas para las prolongadas demoras, lo que generó una afectación directa a los derechos del quejoso, en su calidad de víctima indirecta.
En particular, la Comisión determinó la violación a los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y a la verdad, así como al principio de plazo razonable.
La recomendación señala que la conducta de las autoridades ministeriales no fue acorde con los principios de legalidad, eficiencia y debida diligencia y también destaca que no se trató de un caso complejo que justificara la inactividad prolongada, y que existió participación constante del padre de la víctima en el proceso, sin que ello se tradujera en avances sustantivos.
Además de la dilación en la investigación penal, la CDHEC documentó deficiencias en la atención a las víctimas indirectas, como la falta de seguimiento oportuno a valoraciones psicológicas, lo que agravó el daño emocional del padre y otros familiares del joven asesinado.
Ante estos hechos, la Comisión concluyó que existe responsabilidad institucional de la Fiscalía General del Estado de Colima y formuló seis recomendaciones al titular de la dependencia, entre ellas continuar de manera inmediata y urgente con la investigación hasta su determinación conforme a derecho; brindar atención psicológica especializada al quejoso; inscribirlo en el Registro Estatal de Víctimas; emitir una declaración oficial de reconocimiento de responsabilidad; iniciar procedimientos administrativos contra servidores públicos responsables; y capacitar al personal ministerial en derechos humanos, plazo razonable y derecho a la verdad.
La Recomendación 01/2025 subraya que la debida diligencia no puede reducirse a actos formales ni a la simple acumulación de oficios, sino que exige investigaciones activas, imparciales y eficaces, especialmente en casos de homicidio.
A casi cinco años del crimen, la Comisión advirtió que la falta de justicia prolonga la impunidad y profundiza el agravio para las víctimas, al mantenerlas en un estado permanente de incertidumbre.