Diputados proponen prohibir celulares en las escuelas primarias

Colima, México, Avanzada (26/08/2025).- El Congreso del Estado analiza una iniciativa que, de aprobarse, prohibirá el ingreso de teléfonos celulares a las aulas de nivel básico. La medida deberá ser implementada por los directivos de cada plantel, quienes estarán obligados a resguardar los dispositivos hasta el término de la jornada escolar.

El proyecto, impulsado por las diputadas del PT Evangelina Bustamante Morales y Andrea Carolina Heredia Torres, plantea reformar la Ley de Educación estatal para blindar el proceso de enseñanza contra las distracciones tecnológicas y frenar el uso de dispositivos electrónicos con fines ajenos a lo académico.

De acuerdo con la propuesta, “queda prohibido el ingreso a las aulas de las escuelas de nivel básico de dispositivos de telefonía celular, así como de dispositivos electrónicos cuyo fin sea diferente a lo establecido”, instruyendo a las escuelas a establecer mecanismos de resguardo y devolución al final de las clases.

La reforma también busca involucrar a madres, padres y tutores, quienes deberán revisar periódicamente mochilas y bolsos de los alumnos antes del ingreso a los planteles, con el fin de evitar la introducción de objetos prohibidos, sustancias peligrosas o dispositivos electrónicos no autorizados.

En la exposición de motivos, las legisladoras argumentan que la atención de los estudiantes se ve mermada por el uso de celulares, lo que repercute en el aprendizaje. Además, advierten que la proliferación de aparatos móviles dentro de las aulas se ha vinculado con casos de violencia escolar, particularmente el acoso cibernético y la grabación de peleas o situaciones que terminan en redes sociales.

La iniciativa cita investigaciones académicas que revelan cómo los estudiantes dedican entre tres y cinco horas diarias a sus celulares, lo que provoca distracción, bajo rendimiento escolar y problemas de conducta. “El sentido común dicta que grabar y exhibir a compañeros o profesores puede ser humillante para las víctimas y perjudicial para la reputación de la escuela”, se lee en el documento.

La propuesta se encuentra en análisis legislativo.