Eduardo Mosqueda Sánchez, integrante de Salvemos Cuyutlán, sostiene que la ampliación del puerto de Manzanillo forma parte de una estrategia económica y energética de grandes corporaciones. Advierte que sus consecuencias ambientales, sociales y urbanas podrían extenderse a todo el estado.
Colima, México, Avanzada (20/11/2026).— La ampliación del puerto de Manzanillo no solamente transformará la laguna de Cuyutlán, sino que podría modificar profundamente el futuro económico, ambiental y urbano de todo Colima, como consecuencia de una estrategia de desarrollo vinculada con los intereses de grandes corporaciones internacionales, advirtió Eduardo Mosqueda Sánchez, defensor ambiental e integrante del colectivo Salvemos Cuyutlán, quien denunció que las autoridades federales están impulsando el proyecto sin informar a la población sobre la dimensión de sus consecuencias.
En entrevista con Avanzada, Mosqueda explicó que la expansión portuaria forma parte de una transformación de la costa del Pacífico mexicano, relacionada con proyectos energéticos, infraestructura para el transporte de hidrocarburos y nuevas rutas comerciales. Sostuvo que uno de los intereses detrás de estas inversiones sería facilitar la salida de gas natural procedente de Texas hacia los mercados internacionales, aprovechando las condiciones regulatorias y las menores posibilidades de resistencia jurídica que, desde su perspectiva, existen en México.
El ambientalista señaló que desarrollar infraestructura para transportar hidrocarburos desde Texas hasta la costa estadounidense del Pacífico implicaría construir o ampliar gasoductos y otras instalaciones a través de extensas regiones, donde las empresas enfrentarían regulaciones ambientales, litigios y oposición de comunidades indígenas. Por ello, consideró que México representa una alternativa favorable para las corporaciones.
Mosqueda afirmó que el país se está convirtiendo en una zona de sacrificio ambiental, donde los intereses económicos tienen prioridad sobre los derechos de las comunidades y la conservación de los ecosistemas. Cuestionó que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación hayan mantenido e incluso acelerado proyectos de infraestructura asociados con un modelo de desarrollo que anteriormente criticaban. Recordó que algunos antecedentes administrativos de la expansión portuaria se remontan al gobierno de Felipe Calderón y mencionó otras grandes obras federales como ejemplos de esa continuidad.
El integrante de Salvemos Cuyutlán también señaló la influencia de grandes empresas financieras sobre las decisiones relacionadas con proyectos estratégicos de infraestructura y mencionó expresamente a BlackRock. Afirmó que existen acuerdos entre corporaciones y el Gobierno federal en la ampliación del puerto de Manzanillo. Su cuestionamiento se centró en que, a su juicio, las autoridades mantienen interlocución con representantes de grandes intereses económicos, mientras las comunidades que podrían resultar afectadas no reciben la misma atención.
Uno de los señalamientos centrales de Mosqueda fue que las autoridades están evaluando de manera fragmentada las consecuencias ambientales de la ampliación portuaria, al concentrar los estudios en determinadas instalaciones sin integrar suficientemente el conjunto de obras e infraestructura necesarias para su funcionamiento. Explicó que el crecimiento del puerto está relacionado con nuevas carreteras, patios de contenedores, instalaciones energéticas, circulación de transporte pesado y modificaciones en el territorio que también deberían analizarse por sus efectos acumulativos.
“Si esto fuera honesto, si el manejo del proyecto fuera honesto, se hubiera presentado una MIA también desde la carretera. La ampliación va relacionada por completo con la ampliación del puerto”, manifestó al referirse a la Manifestación de Impacto Ambiental. Aseguró que estas observaciones han sido planteadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina, sin que, desde su perspectiva, exista una evaluación integral que permita conocer las consecuencias de todas las obras relacionadas.
El defensor ambiental puso como ejemplo el crecimiento de los patios de contenedores en distintas zonas de Manzanillo, cuya expansión, dijo, demuestra que las consecuencias del desarrollo portuario rebasan ampliamente los límites de las instalaciones marítimas. También cuestionó la situación de los patios que operan sin las autorizaciones correspondientes y advirtió que el incremento de la actividad logística podría extenderse a otras regiones del estado, con consecuencias para el tránsito, la disponibilidad de suelo y las condiciones de vida de sus habitantes.
Mosqueda sostuvo que la población desconoce cómo cambiará el territorio de Colima a partir del crecimiento proyectado del movimiento de mercancías. Señaló que las nuevas rutas de transporte, el almacenamiento de contenedores, la circulación de tráileres y la infraestructura industrial podrían modificar las comunidades cercanas al puerto y las ubicadas sobre las principales vías de comunicación. Consideró que estas transformaciones deberían formar parte de una planeación territorial y ambiental de largo plazo, en lugar de abordarse mediante autorizaciones independientes.
Respecto a la laguna de Cuyutlán, recordó que constituye uno de los sistemas de humedales más importantes de Colima y advirtió que las afectaciones no se limitarán necesariamente a las superficies de vegetación removidas durante las primeras obras. Sostuvo que las modificaciones hidrológicas, los movimientos de sedimentos y los efectos acumulativos del proyecto podrían provocar deterioros adicionales en áreas de manglar y otros ecosistemas que no están contemplados para su intervención directa.
El ambientalista recordó que, en un procedimiento anterior de evaluación ambiental, la propia Semarnat había identificado riesgos graves para el funcionamiento ecológico del sistema lagunar. Cuestionó que posteriormente se autorizara una nueva propuesta sin que, a su juicio, las comunidades recibieran explicaciones suficientes sobre las consecuencias de largo plazo. La dependencia federal autorizó de manera condicionada la primera etapa del nuevo puerto mediante el resolutivo SRA/DGIRA/DG-07904-26, que contempla la afectación de 16.273 hectáreas de manglar y 45.352 hectáreas de vegetación secundaria de selva baja caducifolia.
Mosqueda explicó que la pérdida de manglar y cobertura forestal debe analizarse dentro de la crisis ambiental global, marcada por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Advirtió que la disminución de áreas arboladas podría incrementar las temperaturas locales, mientras que el crecimiento de la actividad industrial y del transporte de mercancías elevaría las emisiones contaminantes y los niveles de ruido. Añadió que la biodiversidad proporciona servicios ambientales esenciales para las comunidades, por lo que su deterioro puede repercutir directamente en la calidad de vida de la población.
También mencionó la central termoeléctrica de Manzanillo y sus ampliaciones como parte de la infraestructura energética cuyos efectos deberían considerarse al evaluar las transformaciones de la región. Afirmó que estas instalaciones, junto con los nuevos patios de contenedores, las carreteras y el incremento del transporte pesado, pueden generar impactos combinados que no se comprenden adecuadamente cuando cada proyecto se estudia de manera independiente.
El defensor ambiental fue crítico con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, al considerar que sus antecedentes y compromisos públicos en materia ambiental no se han traducido en medidas suficientes para proteger los ecosistemas amenazados por las grandes obras de infraestructura. También cuestionó la actuación de los gobiernos estatal y municipales, pues sostuvo que no existe una planeación adecuada para preparar a la población ante las consecuencias ambientales, sociales y urbanas de la ampliación portuaria.
Mosqueda advirtió que las ganancias económicas derivadas del crecimiento del puerto podrían concentrarse en las empresas que participan en las actividades comerciales, energéticas y logísticas, mientras que las comunidades locales asumirían los costos ambientales y sociales. Cuestionó que la generación de empleos se presente como justificación suficiente para desarrollar el proyecto, sin demostrar, desde su perspectiva, que los beneficios económicos y sociales compensarán las afectaciones previstas.
“No sabemos realmente cuál va a ser el impacto porque no lo quieren decir”, expresó al cuestionar la información proporcionada a los habitantes de Colima. Consideró que la acumulación de problemas ambientales, contaminación, tránsito pesado y crecimiento industrial podría deteriorar gravemente las condiciones de habitabilidad de Manzanillo y otras regiones. Incluso advirtió que, si no existe una planeación adecuada, el estado podría convertirse en lo que describió como un “infierno ambiental” y una trampa urbana.
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la capacidad de las comunidades para defender sus derechos mediante procedimientos judiciales. Mosqueda sostuvo que México enfrenta problemas institucionales que dificultan detener proyectos con posibles consecuencias ambientales graves y consideró que la reforma judicial agravó esa situación. Desde su perspectiva, los cambios al Poder Judicial redujeron las posibilidades de obtener resoluciones independientes frente a decisiones del Gobierno federal.
El ambientalista comparó estas condiciones con las que enfrentan las organizaciones y comunidades indígenas en Estados Unidos, donde, señaló, existen mecanismos judiciales que han permitido suspender proyectos de infraestructura y determinadas decisiones gubernamentales. Aunque reconoció que el sistema estadounidense también presenta dificultades, consideró que en México la debilidad institucional deja a las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad cuando buscan proteger sus territorios.
Mosqueda explicó que estas circunstancias contribuyeron a que pobladores, pescadores, salineros y defensores ambientales recurrieran a las protestas y a la instalación de un plantón en las inmediaciones de la laguna de Cuyutlán. Consideró que la movilización social se ha convertido en una de las principales alternativas para expresar el rechazo al proyecto y exigir que las autoridades escuchen a quienes podrían resultar afectados.
El integrante de Salvemos Cuyutlán reconoció que existe una creciente discusión sobre la ampliación portuaria en redes sociales, aunque expresó sospechas sobre la autenticidad de algunas cuentas que defienden insistentemente la realización de la obra. Aclaró que se trata de una percepción personal y señaló que, independientemente de esa discusión digital, comienza a observar una inconformidad que también se manifiesta mediante acciones presenciales.
A su juicio, la oposición al proyecto no debería limitarse a los habitantes de Manzanillo ni a las comunidades directamente vinculadas con la laguna de Cuyutlán, porque sus consecuencias podrían alcanzar a todo Colima y extenderse hacia regiones vecinas de Jalisco y Michoacán. Por ello, llamó a la población a organizarse y participar de manera más activa, en lugar de limitar su inconformidad a publicaciones y comentarios en redes sociales.
Mosqueda sostuvo que los promotores de la ampliación portuaria no han demostrado suficientemente sus beneficios económicos y sociales, mucho menos su viabilidad ambiental y climática. Criticó que la obra responda a una concepción del desarrollo que comparó con la de principios del siglo pasado, basada en la expansión de infraestructura industrial y comercial sin considerar adecuadamente los límites ecológicos ni las necesidades de las comunidades.
Finalmente, advirtió que, si el proyecto continúa bajo el modelo que cuestiona, Colima podría transformarse durante las próximas décadas en un extenso centro de almacenamiento de contenedores y operaciones de transporte pesado, con consecuencias permanentes para su territorio. Insistió en que la población debe conocer no solamente las inversiones anunciadas y los empleos prometidos, sino también los costos ambientales, económicos, sociales y urbanos que podría implicar una transformación de esta magnitud, antes de que sus efectos sean irreversibles.
*Imagen ilustrativa.