México, Avanzada (24/08/2025).- El abogado del boxeador Julio César Chávez Jr., Rubén Fernando Benítez, informó que su cliente quedará en libertad inmediata por orden del juez federal que llevó su audiencia inicial; sin embargo, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una organización delictiva relacionada con la introducción ilegal de armas a México.
El litigante explicó que la audiencia, realizada ayer, fue “breve, concreta y justa”, pero aclaró que la resolución no significa que exista una prueba concluyente en contra del deportista. Subrayó que el juez únicamente determinó que la investigación continúe durante tres meses más, ya que la etapa procesal actual no permite valorar pruebas, sino únicamente la existencia de indicios que justifiquen prolongar las indagatorias.
“Hoy concluyó una audiencia inicial y quiero ser puntual: no hay pruebas. Se expusieron únicamente datos de investigación. El juez no las valora, sólo escucha referencias del fiscal. Lo único que se determinó fue continuar investigando tres meses más”, señaló Benítez.
El abogado calificó de “sumamente grave” que la Fiscalía General de la República (FGR) haya sustentado la acusación en conversaciones telefónicas entre sujetos no identificados, en las que no se establece ni tiempo, ni lugar, ni relación directa con Chávez Jr. “Son conjeturas, especulaciones o casi leyendas urbanas”, afirmó.
Benítez precisó que el cargo que enfrenta el pugilista es delincuencia organizada en la modalidad de participación sin funciones de dirección, administración o liderazgo, con una pena que podría oscilar de cuatro a ocho años de prisión en caso de acreditarse responsabilidad.
En cuanto a las medidas cautelares, detalló que Chávez Jr. no podrá salir del país sin autorización judicial, deberá acudir puntualmente a todas las audiencias y mantener comunicación permanente con el tribunal. “Él es el primer interesado en que el proceso llegue a su conclusión y en demostrar que no tiene culpabilidad alguna”, reiteró el defensor.
La audiencia se celebró por videoconferencia, decisión que fue cuestionada por la defensa al argumentar que limitaba la comunicación directa con su cliente. Aun así, el juez ordenó la libertad inmediata del boxeador bajo las condiciones establecidas.