Televisión pública de Colima, rehén del indirismo

Editorial

En una entidad donde los discursos de cambio y transformación han sido bandera de los nuevos gobiernos, resulta inaceptable y profundamente antidemocrático que la televisora pública de Colima continúe funcionando bajo la lógica de propaganda priista del siglo pasado. El canal 12.1, operado por el Instituto Colimense de Radio y Televisión (ICRTV), es hoy un instrumento al servicio personal de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, una figura que, paradójicamente, llegó al poder montada en la narrativa de la Cuarta Transformación.

Lejos de representar una ruptura con el viejo régimen, la línea editorial de la televisora oficial reproduce con fidelidad el molde más rancio del autoritarismo mediático: culto a la figura de la titular del Ejecutivo, ausencia de voces críticas, coberturas que ignoran la pluralidad social y una descarada omisión de cualquier contenido que incomode al poder. Funciona como un megáfono gubernamental, no como un canal público.

La situación es aún más grave si consideramos que el canal 12.1 opera con recursos públicos. Es decir, lo financia la ciudadanía colimense con sus impuestos. No es propiedad de la gobernadora ni de ningún grupo político en turno. Su misión debería ser la de garantizar el acceso a la información, abrir espacios al debate y reflejar la diversidad de pensamientos, expresiones culturales y posiciones políticas que existen en Colima. Usarlo para fines personales o partidistas es un abuso de poder y una traición al espíritu democrático.

El discurso oficialista que emana del ICRTV es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. La sobrerrepresentación de actividades oficiales, las entrevistas a modo con funcionarios, la censura de hechos incómodos para el gobierno, y la minimización de voces opositoras revelan no sólo una falta de ética profesional, sino una profunda debilidad institucional.

No se puede hablar de transformación verdadera mientras se perpetúan estas prácticas. El gobierno estatal no puede seguir escudándose en una retórica progresista mientras consolida una estructura mediática basada en el control y el encubrimiento. Si de verdad se pretende avanzar hacia una vida pública más honesta, resulta indispensable democratizar los medios públicos.

La televisora oficial debe estar al servicio de la ciudadanía, no del gobierno. Debe ser un foro para el debate, la crítica y la participación, no una vitrina propagandística. Mientras el canal 12.1 siga funcionando como si el PRI nunca hubiera dejado el poder, será imposible hablar de verdadera transformación en Colima.

El reto está en manos de quienes gobiernan, pero también en la sociedad civil, que debe exigir un medio público plural, independiente y verdaderamente comprometido con el interés general. En un sistema democrático la televisión pública no puede ser rehén del oficialismo. Y mucho menos en nombre de una supuesta transformación que, de seguir por este camino, corre el riesgo de ser sólo una simulación más.