Cuando la Ley es la Ley: Dura Lex, Sed Lex

Autora: Martha del Toro, Regidora de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Manzanillo.

Que no me vengan con el cuento de que “la Ley es la Ley”. Esa frase hueca, que repiten quienes violentan el Estado de Derecho mientras presumen hacerlo cumplir, es herencia de una clase política que convirtió la legalidad en un instrumento de poder, no en una garantía ciudadana. Y hoy esa narrativa es utilizada, una vez más, para justificar lo injustificable: el despojo del Parque y Unidad Deportiva Infantil “Los Altos”.

Este espacio público no es cualquier terreno. Está legal y legítimamente destinado a ser un pulmón urbano. Desde 2004, forma parte del patrimonio municipal, y desde 2015 está clasificado como Espacio Verde Abierto (EV-1A) en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo. En 2017, esa vocación fue ratificada: parque urbano, con una función recreativa, ecológica y social.

En 2016, con una inversión cercana a 15 millones de pesos —aportada por el Ayuntamiento y empresas como Peña Colorada, Contecom, Marindustrias, Ocupa, Gran Marvin Hotels, Kms, SSA, Impala, Grupo Kiosko, entre otros— se construyó la Unidad Deportiva Infantil “Los Altos”. Este proyecto no surgió en un escritorio: fue diseñado con la comunidad, en talleres, foros y consultas públicas. Representó un ejercicio ejemplar de gobernanza participativa. Y, sin embargo, fue destruido en menos de 15 días, por un cabildo sin debate, sin estudios, y sin alma.

En la sesión del 21 de febrero de 2025, la mayoría de regidores de Morena y sus aliados votaron por cambiar el uso de suelo de EV (Especio Verde) a H4-V (Habitacional Plurifamiliar Vertical de Alta Densidad). ¿El objetivo? Construir 164 departamentos en 41 torres de cuatro pisos, bajo el disfraz de un proyecto llamado “Bahía del Bienestar”. Un proyecto que jamás fue socializado, y que se impuso con autoritarismo, opacidad y desprecio por la ciudadanía.

De no haber grabado y difundido las sesiones del cabildo, nadie se habría enterado. Ni una consulta, ni una audiencia, ni una explicación. La destrucción de un parque público se fraguó a espaldas del pueblo, en oficinas donde la legalidad es negociable y la voluntad ciudadana, prescindible.

Hoy, frente a ese atropello, acudimos al último recurso pacífico: el juicio de amparo. No por capricho, sino porque creemos en la Ley —la verdadera ley, no la de consigna. El amparo fue admitido, y el Juzgado Segundo de Distrito ha concedido una suspensión provisional, para impedir la demolición y el cambio de uso de suelo de la parcela 234 del Ejido Abelardo L. Rodríguez.

¿Por qué luchamos? Porque el parque “Los Altos” cumple una función ecológica irremplazable: regula el microclima, infiltra agua de lluvia, reduce el calor urbano, y brinda sombra, salud y recreación a más de 10 mil habitantes. Su pérdida sería una regresión ambiental, social y legal.

Lo que han hecho las autoridades no solo es inmoral. Es ilegal. Viola el Artículo 1° constitucional, que prohíbe medidas regresivas en derechos humanos; el Artículo 4°, que garantiza un medio ambiente sano; el Articulo 25o, del que deriva el principio de desarrollo nacional integral y sustentable; el Artículo 27o, que establece la función social de la propiedad y el derecho a la Ciudad, positivado en los artículos 11 y 12 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que impone a los gobiernos el deber de “promover la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público” y de asegurar una distribución equitativa de los beneficios y las cargas del desarrollo urbano.

También contraviene leyes estatales como la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Colima (artículo 92), que prohíbe expresamente alterar el uso de suelo de áreas verdes. Así como el artículo 30 de LGAHOTDU que establece el procedimiento ineludible para modificar cualquier programa o zonificación urbana de: aviso público inicial, calendarización de audiencias, recepción de planteamientos escritos y publicación de las respuestas fundadas y difusión oficial de la versión definitiva, todo ello antes de la aprobación.

Además, el procedimiento fue una farsa: no hubo aviso público, ni audiencias, ni justificación ambiental, ni análisis de movilidad. No hay evaluación de impacto ni exposición de motivos. El “estudio de modificación” presentado es ilegítimo, ilegal y ofensivo para la inteligencia colectiva. Nada de esto cumple con lo que exige la Ley.

La decisión de los regidores de morena y sus aliados en el cabildo y de la presidenta municipal Rosa María Bayardo Cabrera, de la directora de Desarrollo Urbano Ana Karenina Muñoz de Alba, y de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, de la directora de regulación y ordenamiento urbano de la Seidum Rita Palos Gomez, no puede quedar impune. Han traicionado su deber legal y ético, y deben responder. No solo por su omisión, sino por su responsabilidad directa en el desmantelamiento de un derecho colectivo.

En nombre de la legalidad, la justicia, el medio ambiente y la ciudad que merecemos, seguiremos luchando. Porque la ley no se escribió para los poderosos, sino para proteger a los ciudadanos. Y porque no permitiremos que el futuro de Manzanillo se construya sobre el cadáver de sus espacios verdes.

Dura lex, sed lex. Que así sea, pero para todos.